Allanamientos y causa por presuntas coimas para frenar el inicio de clases
NewsITe
La Justicia de Chubut avanza en una causa que investiga la presunta oferta de sobornos a un dirigente sindical para bloquear el inicio del ciclo lectivo en la provincia. En las últimas horas se realizaron allanamientos en domicilios particulares y oficinas vinculadas al exfuncionario provincial Gonzalo Carpintero, en el marco de una pesquisa que apunta a un grupo de empresarios y exfuncionarios ligados al kirchnerismo.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, que tomó intervención tras la denuncia del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Trelew, José Severiche. El dirigente sindical aseguró haber recibido una propuesta económica para generar conflictos gremiales que impidieran el comienzo de las clases en las escuelas chubutenses previsto para el 23 de febrero.
Según la denuncia, Severiche fue contactado telefónicamente por el empresario local Ricardo Traversini, investigado en otra causa por presunta evasión impositiva. Traversini le habría indicado que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería reunirse con él. El encuentro se concretó en una oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto, donde se habría formulado la oferta ilícita.
La denuncia del sindicalista y el trasfondo político-económico
En su presentación ante la Justicia, Severiche sostuvo que Carpintero le pidió explícitamente “hacer quilombo con el gremio” para que las clases no comenzaran en la fecha prevista. El objetivo, según el relato del sindicalista, era generar un escenario de conflictividad previa al inicio del ciclo lectivo, con el compromiso de una “retribución económica” y posteriores negociaciones paritarias que lo beneficiarían.
El dirigente de ATE declaró que el exfuncionario le aclaró que el conflicto debía desatarse antes del 23 de febrero, porque luego “no servía”, y que habría otros actores dispuestos a colaborar para amplificar la protesta. Severiche interpretó que la propuesta de Carpintero se apoyaba en el conocimiento de su situación económica personal, algo que también dejó asentado en la causa.
Carpintero tiene una extensa trayectoria en la política chubutense: fue director general de Niñez, Adolescencia y Familia; subsecretario de Desarrollo Social; ministro de Familia y Promoción Social; concejal de Trelew y viceministro coordinador de Gabinete. Su carrera pública terminó marcada por condenas por corrupción en las causas conocidas como “Embrujo” y “Revelación”, donde se acreditó un incremento patrimonial superior al 500% y el cobro de coimas y sobresueldos.
Allanamientos, elementos secuestrados y estado de la causa
A partir de la denuncia y de los primeros elementos recolectados, la fiscal interviniente, Julieta Gamarra, dispuso la ratificación del testimonio de Severiche y ordenó la búsqueda de registros fílmicos y otros indicios, en coordinación con la División de Investigaciones Policiales de Trelew. Con esos antecedentes, la Fiscalía requirió allanamientos en domicilios y en la empresa donde se habría producido la reunión clave.
- Secuestro de teléfonos celulares pertenecientes a los involucrados.
- Incautación de cámaras y sistemas de seguridad que podrían contener registros audiovisuales de encuentros y movimientos.
- Revisión de documentación y dispositivos de almacenamiento de datos.
El Ministerio Público Fiscal provincial informó que la causa se encuentra en una etapa inicial y que la calificación legal es aún provisoria, por lo que podría modificarse a medida que avance la recolección de pruebas y se produzcan nuevas declaraciones. No se descartan futuras imputaciones y ampliaciones de la investigación hacia otros actores del ámbito político y empresarial.
Fuentes oficiales señalan que el presunto interés de los empresarios y del exfuncionario habría estado vinculado a evitar el pago de deudas impositivas por unos 1.200 millones de pesos, frenar el aumento del canon pesquero y bloquear el eventual envío al Legislativo de una “Ley de Ficha Limpia para la Pesca”.
En ese contexto, el supuesto intento de condicionar el normal inicio del ciclo lectivo aparece como una maniobra de presión sobre el Gobierno provincial, con un fuerte componente de disputa económica y regulatoria en el sector pesquero. La investigación judicial buscará determinar si existió una organización destinada a utilizar el conflicto gremial como herramienta para defender intereses privados.
