Escándalo por fotomultas y la mira judicial sobre Camani
NewsITe
La Fiscalía Federal de La Plata deberá resolver en los próximos días si impulsa una investigación formal sobre los presuntos vínculos del empresario Leandro Camani, referente del negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires, con un supuesto narco rosarino. El planteo fue presentado por la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) y se suma a la denuncia ya radicada por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
De acuerdo con la presentación de CECAITRA, el pedido de pesquisa se apoya en un episodio ocurrido en octubre de 2024. Ese mes, en un operativo de control policial, fue demorado Lisandro Damián Contreras mientras conducía una camioneta Mercedes Benz GLE 400 inscripta a nombre de Camani. Contreras registra antecedentes por robo calificado y, según fuentes de la investigación, fue mencionado en pesquisas vinculadas a bandas narco con base en Rosario.
La entidad empresaria aclaró que este hecho, por sí solo, no implica responsabilidad penal directa para el titular de la firma Secutrans. Sin embargo, sostuvo que el episodio obliga a examinar con mayor profundidad el entorno del empresario y posibles conexiones que permitan despejar cualquier sospecha sobre su rol y el origen de los vínculos mencionados.
Denuncias cruzadas y presunto patrón de presión
En el escrito presentado ante la Justicia, CECAITRA también reseñó acusaciones sobre un supuesto patrón de conducta atribuido a Camani. Según esa versión, el empresario impulsaría denuncias penales y campañas mediáticas contra terceros, formulando imputaciones graves y empleando esas presentaciones como herramienta de presión para obtener ventajas económicas o comerciales en el negocio de las infracciones de tránsito.
En paralelo, avanza el expediente abierto tras la denuncia de Claudio Tapia. El titular de la AFA declaró ante el fiscal que Camani le habría solicitado autorización para instalar nuevas cámaras de fotomultas en rutas y accesos bajo la órbita del CEAMSE. Tras rechazar el pedido, según su relato, comenzaron presiones orientadas a revertir esa decisión.
Tapia sostuvo que recibió advertencias sobre futuras denuncias penales en su contra y señaló a los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo del Gaiso como quienes habrían actuado como denunciantes formales luego de esa negativa. El dirigente dejó abierta la posibilidad de que exista una asociación ilícita vinculada a un negocio que describió como multimillonario, articulado en torno a la instalación y administración de sistemas de fotomultas.
Qué puede resolver la Fiscalía y el impacto del negocio
La Fiscalía Federal deberá ahora evaluar si existen elementos suficientes para dar curso a una investigación más amplia. Entre las medidas posibles figuran el pedido de informes registrales sobre vehículos y sociedades, el análisis de comunicaciones entre los protagonistas del caso y la reconstrucción cronológica de las gestiones, negativas y posteriores denuncias.
- Revisión de la relación entre Camani y el conductor detenido con el vehículo a su nombre.
- Análisis del rol de dirigentes políticos mencionados como denunciantes formales.
- Estudio del circuito económico del negocio de fotomultas en la provincia.
El expediente se desarrolla en un contexto sensible. El sistema de fotomultas representa una fuente relevante de recaudación para municipios bonaerenses y empresas operadoras, lo que incrementa la tensión política y económica en torno a cualquier disputa por su control o expansión. En los últimos años, distintos intendentes y concejos deliberantes discutieron la transparencia de los contratos, el destino de los fondos y la efectividad de las sanciones como herramienta de seguridad vial.
La Justicia federal deberá determinar si las sospechas sobre eventuales vínculos narco y presiones en el negocio de las fotomultas se sostienen en pruebas concretas o se limitan, por ahora, a denuncias cruzadas entre actores con fuertes intereses económicos en juego.
Mientras tanto, el caso suma capítulos en los tribunales federales y mantiene bajo la lupa a Camani y a todo el entramado de empresas y funcionarios asociados a la administración de infracciones de tránsito, en un sector donde las decisiones judiciales pueden redefinir contratos y millonarios flujos de recaudación.
