La familia de Nahuel Gallo reclama respuestas tras 430 días de silencio
NewsITe
La suegra del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo irrumpió este lunes en el Parlamento de Venezuela para exigir, frente a diputados chavistas, la liberación inmediata de su yerno, quien lleva 430 días en condición de desaparición forzada, según denuncia su familia.
Yalitza del Valle García, abogada y residente en Venezuela, logró ingresar a una ceremonia de apertura en la Asamblea Nacional y, ante la presencia de legisladores oficialistas, relató las circunstancias de la detención de Gallo y la falta absoluta de información oficial sobre su paradero y su situación jurídica.
Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 en el paso fronterizo de San Antonio del Táchira. Había viajado desde la Argentina con una carta de invitación firmada por su suegra y, de acuerdo con el testimonio de la familia, llevaba toda la documentación en regla para ingresar como turista y visitar a sus seres queridos en Puerto La Cruz.
Desde entonces, permanece incomunicado: no recibe visitas familiares, no tiene acceso a defensa privada y ni siquiera pudo realizar una llamada telefónica. La familia sostiene que se trata de un caso típico de desaparición forzada, figura denunciada en reiteradas oportunidades por organismos de derechos humanos en el país caribeño.
Relato ante los diputados y acusaciones de montaje
Durante su intervención, García describió ante los diputados chavistas el contexto de la detención y cuestionó la difusión de versiones oficiales que vinculan a Gallo con presuntos planes violentos contra altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
“Vergonzosamente detenido el 8 de diciembre, con todos los documentos en regla. El ciudadano argentino venía como turista a visitar a su familia en Puerto La Cruz. Su único delito, ser un gendarme. Pero no venía como gendarme, venía como ciudadano argentino”, afirmó la mujer, que subrayó que no existe ninguna notificación formal sobre los cargos que se le imputarían.
García también desmintió informaciones difundidas por voceros y medios afines al oficialismo venezolano, que lo señalaron como parte de un supuesto plan para atentar contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez. “Dijeron que venía a matar a Delcy, que era terrorista, que traía armas. Todo mentira”, enfatizó ante los parlamentarios.
Hostigamiento, silencio oficial y el reclamo por derechos humanos
En su testimonio, la suegra del gendarme detalló que viajó por su cuenta a las localidades fronterizas de San Antonio del Táchira y San Cristóbal para intentar obtener información en organismos de seguridad y dependencias del Ministerio Público. Sin embargo, asegura que nadie le brindó datos certeros sobre el paradero de Gallo.
Según su relato, incluso un hombre identificado por vecinos como integrante de un grupo guerrillero conocía más detalles que las autoridades. “Ese se lo llevaron para Caracas”, le habría dicho el sujeto, en una escena que, para la familia, refleja la opacidad y la informalidad con la que se maneja el caso.
García también denunció episodios de persecución y hostigamiento. Contó que el 25 de diciembre, cuando se dirigía a una iglesia para rezar por la liberación de su yerno, una patrulla de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) la siguió y permaneció durante semanas frente a su domicilio. “Hasta el sacerdote tuvo que intervenir para que no nos llevaran presas”, señaló.
La mujer dijo que viajó luego a Caracas para intentar hablar en persona con el fiscal general, Tarek William Saab, en actividades públicas realizadas en plazas de la ciudad. Afirmó que logró acercarse a él en cuatro oportunidades, pero que en la última ocasión el funcionario reaccionó con molestia cuando su hija, María Alexandra Gómez —pareja de Gallo—, lo enfrentó con su hijo pequeño en brazos. “¿Cómo no te voy a perseguir si mi marido está desaparecido?”, le respondió entre lágrimas, según su versión.
La familia de Nahuel Gallo sostiene que el gendarme argentino es víctima de desaparición forzada y reclama la intervención de organismos internacionales para garantizar información sobre su paradero, su estado de salud y su situación legal en Venezuela.
Mientras tanto, su hijo Víctor, que ya cumplió tres años, continúa sin poder hablar con su padre. En Buenos Aires y en distintas ciudades de la región, organizaciones de derechos humanos siguen el caso y reclaman a los gobiernos de ambos países que garanticen la pronta localización de Gallo y el respeto a las normas internacionales que protegen a ciudadanos detenidos en el extranjero.
