Tensión en Santa Fe por la protesta y la respuesta del Gobierno provincial
NewsITe
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, advirtió sobre la posible comisión de delitos en el marco de la protesta de efectivos policiales realizada frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, en Rosario. La manifestación, que se inscribe en una serie de reclamos salariales y laborales de la fuerza, derivó en la apertura de actuaciones administrativas y en la investigación de al menos 20 funcionarios.
En declaraciones difundidas tras el conflicto, Cococcioni reconoció la legitimidad de las demandas del personal policial, pero remarcó que se detectaron «graves irregularidades» durante la jornada de protesta. De acuerdo con los datos oficiales, se habrían paralizado alrededor de 20 puestos policiales en Rosario y una cifra similar en la ciudad de Santa Fe, lo que derivó en situaciones de abandono de servicio que ahora son objeto de análisis caso por caso.
El conflicto se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad por la seguridad pública en la provincia, con Rosario como uno de los principales focos de preocupación. El ministro subrayó que el Gobierno santafesino está dispuesto a atender los reclamos vinculados a salarios, equipamiento y condiciones de trabajo, pero dejó claro que no se permitirá que esas demandas se traduzcan en una afectación directa al servicio ni en hechos que puedan configurar delitos.
Investigaciones internas y sospechas de corrupción
Cococcioni señaló que en la protesta habrían intervenido personas allegadas a sectores desplazados de la fuerza, algunos de ellos con antecedentes o sospechas de estar vinculados a delitos de corrupción de extrema gravedad. Esta situación encendió alarmas en el Ministerio, que decidió avanzar con medidas disciplinarias y administrativas.
Según informó el propio ministro, el jefe de la Policía de Santa Fe ya inició las actuaciones correspondientes sobre los efectivos presuntamente involucrados. No menos de 20 policías se encuentran bajo investigación y ese número podría incrementarse a medida que se analicen nuevas pruebas y se sumen testimonios sobre lo ocurrido durante la manifestación frente a la Jefatura rosarina.
Como parte de las medidas inmediatas, los agentes bajo sospecha serán pasados a disponibilidad mientras avance el proceso investigativo. Esto implica el retiro del arma reglamentaria y del chaleco antibalas, además de la suspensión de sus tareas operativas habituales, en línea con los protocolos internos que se aplican cuando existen presuntas faltas graves.
Derecho a reclamar y límites legales
- El Gobierno provincial reconoce la legitimidad del reclamo salarial y laboral de la fuerza.
- Se investigan posibles abandonos de servicio y participación de sectores vinculados a corrupción.
- Al menos 20 policías ya están bajo revisión y podrían sumarse más casos.
“Las protestas las compartimos, las necesidades y los problemas del personal de la Policía de Santa Fe somos los primeros en destacarlos y tratar de dar respuestas. Pero no vamos a tolerar conductas que afecten el funcionamiento del servicio ni vínculos con hechos de corrupción”, remarcó Pablo Cococcioni.
Desde el Ministerio de Seguridad insistieron en que se garantizará el derecho constitucional a reclamar, siempre que no se vea comprometida la prestación del servicio esencial de seguridad ni se habiliten maniobras de presión incompatibles con la función policial. En las próximas horas se esperan nuevas definiciones sobre la situación de los efectivos investigados y sobre las eventuales medidas para encauzar el diálogo con los representantes de la fuerza sin poner en riesgo la seguridad ciudadana.
