El oficialismo llega al recinto con apoyo de aliados y ajustes clave.
El Senado de la Nación debatirá este miércoles, desde las 11:00, el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, luego de una serie de concesiones clave a gobernadores aliados y a la conducción de la CGT que permitieron consolidar una mayoría para avanzar con la iniciativa.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, confirmó que el acuerdo incluye 28 modificaciones al dictamen original y definió la propuesta como la “primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”. El entendimiento se selló con la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, tras meses de negociaciones en el Congreso.
Uno de los puntos centrales del acuerdo fue la eliminación del artículo que proponía una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas, medida que generaba fuerte resistencia entre los gobernadores por su impacto fiscal estimado en más de 2 billones de pesos para las arcas provinciales.
En paralelo, el oficialismo accedió a un reclamo central de la CGT y mantuvo la llamada “caja sindical”. Se preservará por dos años el aporte solidario a los gremios, aunque con un tope del 2%, y no se reducirán las contribuciones destinadas a las obras sociales, que seguirán en el 6%. También se sostiene el aporte obligatorio a las cámaras empresariales, con un límite del 0,5%.
Mayoría ajustada y nuevo esquema de aportes laborales
Con estos cambios, La Libertad Avanza se encamina a la sesión con una base de 41 votos asegurados: los 20 propios, el respaldo de los 10 senadores radicales, tres del PRO y representantes de fuerzas provinciales como el Frente Cívico, el Frente de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Independencia y La Neuquinidad. Todavía resta definir el voto de legisladores de Santa Cruz y de la cordobesa Alejandra Vigo.
Otro eje de la negociación fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para afrontar despidos, que finalmente quedará dividido en dos categorías: las grandes empresas aportarán el 1% de lo que ya destinan a la Anses, mientras que pymes, minipymes y medianas empresas contribuirán con el 2,5%, con la posibilidad de ajustar esos porcentajes bajo control del Congreso a través de la Comisión Bicameral de Previsión Social.
- Eliminación de la rebaja de Ganancias para grandes y medianas empresas.
- Mantenimiento del aporte solidario sindical por dos años, con tope del 2%.
- Aportes a obras sociales sin cambios, conservando el 6% vigente.
- Creación del Régimen de Inversiones para Medianas Empresas (RIMI) con beneficios fiscales.
- Fondo de Asistencia Laboral con contribuciones diferenciadas según tamaño de empresa.
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Bancos como únicos pagadores de salarios y estatuto del periodista
En el capítulo financiero, se aceptó el pedido de las entidades bancarias para conservar la exclusividad en el pago de salarios, descartando la habilitación de billeteras virtuales tal como preveía el borrador inicial. Según explicó Bullrich, solo las entidades bancarias o de ahorro oficial podrán abonar sueldos, aunque el Banco Central tendrá la facultad de otorgar categoría bancaria a ciertos actores del sistema financiero digital.
En materia impositiva, el proyecto mantiene la mayor parte del capítulo fiscal, con excepción de la poda en Ganancias, y contempla la eliminación de algunos impuestos internos. Además, se crea el Régimen de Inversiones para Medianas Empresas (RIMI), que prevé incentivos como la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias y del IVA para nuevas inversiones productivas.
La iniciativa también avanza sobre regímenes especiales, entre ellos el Estatuto del Periodista, que será derogado con un plazo de seis meses para que sindicatos y empresas discutan nuevos convenios colectivos adaptados a la Ley de Contrato de Trabajo. Para el oficialismo, se trata de un paso hacia la unificación normativa del mercado laboral argentino, mientras que sectores opositores y gremiales advierten sobre el posible impacto en derechos adquiridos. El debate en el recinto pondrá a prueba la solidez del acuerdo y marcará un hito en la agenda de reforma del Gobierno.
