Empresarios en alerta por cambios de último momento
NewsITe
La modificación introducida a último momento en el artículo 128 del proyecto de Ley de Modernización Laboral que tratará el Senado encendió una dura reacción de sectores empresarios, que acusan al Gobierno y a parte del sindicalismo de preservar un esquema de millonarios aportes sin la debida transparencia. Las críticas se concentran en el régimen de cuotas solidarias y en los aportes a cámaras y sindicatos, considerados por muchos como una fuente de fondos opaca y de débil control público.
El punto en discusión es el artículo 128, que modifica la Ley 14.250. Allí se establece que, a partir del 1 de enero de 2028, las llamadas “cuotas solidarias” —los descuentos que realizan los sindicatos a los trabajadores no afiliados en función de los acuerdos paritarios— dejarán de ser obligatorias. Desde esa fecha, ningún empleado podrá sufrir descuentos sindicales sin su consentimiento expreso e individual, lo que implicaría un cambio profundo en la forma de financiamiento del sistema gremial.
Además, el texto fija topes a las contribuciones patronales: las destinadas a cámaras empresarias no podrán superar el 0,5% y las que vayan a sindicatos tendrán un límite del 2% de la remuneración de los trabajadores. Para diversas entidades empresarias, estas modificaciones resultan insuficientes si no vienen acompañadas de un esquema de rendición de cuentas que permita seguir el rastro del dinero recaudado.
Acusan conflicto de intereses y falta de transparencia
En un comunicado, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) remarcó la existencia de un “evidente conflicto de intereses”. Señaló que tanto la Cámara Argentina de Comercio (CAC) como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) participan de la mesa paritaria y, al mismo tiempo, administran aportes obligatorios canalizados a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Este esquema, subrayan, afecta a todos los empleadores encuadrados en el convenio mercantil.
Según explicó Cadam, los empleadores deben abonar al INACAP un aporte equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada uno de los aproximadamente 1,2 millones de trabajadores del sector Comercio. Esos fondos se redistribuyen en gran medida entre la CAC y la CAME bajo el argumento de financiar capacitación y fortalecimiento institucional. Sin embargo, la entidad denunciante sostiene que, con cada aumento salarial, estas organizaciones se “autobenefician” con una mayor recaudación, mientras conservan un rol central en la negociación de esas mismas paritarias.
Cadam recordó que, frente a estas críticas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dictó el Decreto 149/2025, que dispuso el carácter voluntario de esos aportes. En una causa judicial vinculada al tema, el propio INACAP reconoció que recauda más de 30.000 millones de pesos anuales, sin precisar con claridad cuánto se destina a programas de capacitación, cuánto al sostenimiento de cámaras empresarias ni qué proporción se orienta a actividades políticas, viáticos o viajes de sus dirigentes.
Entidades cuestionan el sistema de aportes especiales
Las quejas no se limitan a un puñado de cámaras. Cadam advirtió que, pese a reiteradas presentaciones ante el Poder Ejecutivo, no se logró determinar la trazabilidad de los fondos ni la real representatividad de varias organizaciones que participan del reparto. Mencionan la existencia de cámaras de alcance muy reducido —que dicen representar a una calle, una avenida, mujeres, jóvenes o colectivos étnico-culturales— y cuestionan que todas ellas accedan a recursos sin controles suficientes.
Desde el año pasado, distintas entidades empresarias vienen exponiendo sus reparos ante el Congreso. Entre ellas, la Confederación Federal PyME de la República Argentina, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos), la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina, que cuestionan de manera severa la administración y el destino de estos aportes obligatorios.
El proyecto de reforma laboral establece que, una vez sancionada la ley, los aportes o contribuciones especiales previstos en las convenciones colectivas de trabajo para asociaciones sindicales no podrán superar el 2% de las remuneraciones. A la vez, a partir del 1 de enero de 2028, las contribuciones patronales especiales en beneficio directo o indirecto de cámaras y asociaciones empresarias serán estrictamente voluntarias: no podrán imponerse mediante cláusulas convencionales ni serán obligatorias para empleadores que no sean socios de las entidades beneficiarias.
La discusión sobre el artículo 128 abre un nuevo capítulo en la puja por la transparencia y el financiamiento del sistema sindical y empresario, mientras el Senado se prepara para debatir una de las reformas laborales más sensibles de los últimos años.
Mientras el oficialismo defiende la reforma como un paso hacia la modernización y la desregulación, los sectores críticos insisten en que aún falta garantizar mecanismos claros de información pública y control sobre miles de millones de pesos que se recaudan cada año. El devenir del debate en la Cámara alta será clave para determinar hasta dónde avanzará la reconfiguración del sistema de aportes obligatorios en el mundo del trabajo argentino.
