ATE cuestiona la reorganización de cargos en el Gobierno nacional
NewsITe
El Gobierno nacional volvió a quedar en el centro de la polémica por el manejo de los recursos humanos del sector público. Mientras mantiene el congelamiento salarial y restringe el ingreso de personal estatal, habilitó una reorganización de cargos y Unidades Retributivas (UR) en los gabinetes políticos que, según denuncia la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), abre la puerta a la contratación de más asesores.
El eje de la controversia es la Decisión Administrativa 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, que se inscribe dentro de la política de “déficit cero” impulsada por el presidente Javier Milei. La medida apunta a ajustar y redistribuir los recursos destinados a ministerios y secretarías, pero, de acuerdo con el gremio estatal, lo hace privilegiando la estructura política en detrimento de los planteles de base.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el secretario de Convenio Colectivo de ATE, Flavio Vergara, advirtió que, mientras los sueldos de los empleados públicos siguen congelados y sin convocatoria a paritarias, el Poder Ejecutivo asigna fondos específicos para la “contratación de asesores” en los niveles superiores de la administración.
Reorganización de Unidades Retributivas y cuestionamientos gremiales
La norma recientemente publicada modifica la distribución de las Unidades Retributivas (UR), un mecanismo que determina la asignación de funciones jerárquicas y adicionales salariales dentro de cada ministerio y secretaría. Según explicó Vergara, el cambio ajusta la cantidad de UR disponibles para cada cartera en función de su estructura y dotación de personal.
El dirigente gremial señaló que algunas áreas pasan a contar con algo más de UR y otras con algo menos, sin que ello implique un “cambio drástico” respecto del esquema anterior. Sin embargo, cuestionó que este tipo de decisiones se utilicen como herramienta para reorganizar discrecionalmente los equipos políticos en la cúpula del Estado, mientras se mantiene un fuerte ajuste sobre el personal permanente.
ATE recordó que en 2025 se aplicó una medida similar, la Decisión Administrativa 7/25, que también redistribuía UR entre ministerios y secretarías, en varios casos luego de procesos de reducción de personal. Para el gremio, la reiteración de este tipo de disposiciones refuerza un modelo de administración del gasto que prioriza cargos de confianza antes que la recomposición salarial del conjunto de los trabajadores estatales.
Congelamiento salarial y prohibición de nuevas contrataciones
La denuncia sindical se conoce en un contexto de fuerte restricción sobre el empleo público. A través del Decreto 934/25, el Gobierno prohibió desde el 2 de enero la contratación de nuevo personal, medida que se suma a la decisión de mantener congeladas las remuneraciones del sector estatal nacional.
Para Vergara, esta combinación de políticas configura una “paradoja”: por un lado, se limita el ingreso de trabajadores y se posterga cualquier discusión paritaria; por el otro, se dispone de recursos específicos para sostener o ampliar equipos de asesores en los más altos niveles de conducción.
El referente de ATE sostuvo que la brecha entre la flexibilidad para designar personal de confianza y la rigidez que pesa sobre el resto de los empleados se profundiza mes a mes, al compás de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. En ese marco, reclamó la apertura urgente de negociaciones salariales y una revisión integral del esquema de UR que, según el gremio, hoy funciona como una herramienta más de ajuste y concentración de poder en la cúpula del Estado.
“La actual resolución es una forma de manejar presupuestos de manera discrecional. Se habilita la contratación de personal de confianza en la cúpula, mientras la base afronta restricciones salariales sin mecanismos de negociación colectiva”, advirtió Vergara.
Mientras tanto, el Gobierno defiende su estrategia de reorganización del Estado bajo la consigna del equilibrio fiscal. El debate por el alcance real del “déficit cero” en el empleo público promete seguir sumando tensión entre la Casa Rosada y los gremios estatales en las próximas semanas.
