Romina Diez cruzó al gobernador santafesino por el conflicto salarial
NewsITe
La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Romina Diez, salió a cuestionar con dureza al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tras las protestas realizadas por efectivos policiales en distintos puntos de la provincia en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales.
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Desde sus redes sociales, Diez apuntó a lo que considera una mala asignación de recursos por parte de la gestión provincial. Según la legisladora, el Poder Ejecutivo santafesino destina “millones en estructuras políticas, secretarías inútiles y pauta oficial”, mientras posterga los incrementos salariales para las fuerzas de seguridad que, resaltó, “ponen el cuerpo para cuidarnos”.
El conflicto se desató en un contexto de creciente tensión vinculada al poder adquisitivo de los salarios estatales, particularmente de la Policía, que viene reclamando desde hace tiempo una recomposición acorde a la inflación y a los riesgos del servicio. Las manifestaciones incluyeron concentraciones frente a sedes policiales y movilizaciones que encendieron alarmas en el Gobierno provincial.
Diez cuestionó que la situación no se origine, a su entender, en la falta de fondos, sino en “un error de prioridades” y en lo que calificó como “una pésima gestión” del Ejecutivo santafesino. En esa línea, planteó que la provincia debería reordenar el gasto público para garantizar sueldos dignos a los agentes de seguridad, un tema que también se discute a nivel nacional en el marco del ajuste y la discusión por el rol del Estado.
Respuesta oficial y medidas disciplinarias
Hasta el momento, el gobernador Pullaro evitó declaraciones públicas directas sobre las críticas de la diputada libertaria y sobre el conflicto con los efectivos. En su lugar, el encargado de fijar postura fue el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien ofreció una conferencia de prensa para informar las medidas adoptadas.
El funcionario provincial anunció que, como consecuencia de las protestas, se dispuso el pase a disponibilidad de 20 agentes presuntamente involucrados en las manifestaciones que habrían afectado la prestación del servicio. Además, detalló que el Gobierno presentó denuncias penales contra algunos efectivos por el presunto delito de “abandono de servicio” y calificó las medidas de fuerza como “antijurídicas”.
Desde la Casa Gris sostienen que, si bien reconocen la situación económica compleja, no pueden convalidar acciones que comprometan la seguridad pública. La advertencia busca evitar que se repitan protestas que puedan traducirse en una merma en la presencia policial en las calles, un escenario especialmente sensible en una provincia atravesada por altos índices de violencia vinculada al narcotráfico.
Debate por el rol del Estado y la prioridad de la seguridad
En su pronunciamiento, Diez insistió en que el Estado provincial debe garantizar, como función básica, la protección de quienes se desempeñan en seguridad, educación y salud. “Un Estado que no cuida a quienes garantizan seguridad, educación y salud no cumple su función básica. Esperamos que revise sus prioridades y gobierne pensando en los santafesinos”, remarcó la diputada.
Las declaraciones se inscriben en la tensión política entre el oficialismo provincial y sectores alineados con el Gobierno nacional de Javier Milei, que promueven un recorte drástico del gasto político pero sostienen la necesidad de respaldar a las fuerzas de seguridad. En la práctica, el debate gira en torno a cómo ordenar el presupuesto público en un contexto de fuerte ajuste y demandas sociales crecientes.
Mientras tanto, los especialistas coinciden en que las salidas a este tipo de conflictos requieren instancias de negociación salarial transparentes, previsibilidad en las actualizaciones de haberes y reglas claras respecto de las protestas policiales, que suelen estar en el centro de la discusión sobre la seguridad ciudadana en la Argentina.
