Adorni, encargado político del traspaso del fuero laboral porteño
NewsITe
El Poder Ejecutivo nacional oficializó, a través del decreto 95/2026, la delegación en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de la facultad para firmar el acuerdo de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo desde la órbita federal hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, marca un nuevo paso en el largo proceso de redefinición de competencias entre la Nación y el distrito porteño.
El decreto firmado por el presidente Javier Milei habilita a Adorni a suscribir, en representación del Estado nacional, el “acuerdo de transferencia de competencias relativas a la función judicial en materia laboral” con el Gobierno de la Ciudad. El convenio implicará que el fuero laboral con asiento en la Capital Federal pase progresivamente a depender institucional y presupuestariamente de la administración porteña, en línea con el estatus de autonomía reconocido a la Ciudad.
La norma también contempla que el jefe de Gabinete pueda rubricar adendas, modificaciones y acuerdos complementarios, lo que abre la puerta a una implementación escalonada del traspaso. Fuentes oficiales señalan que, una vez definido el cronograma, deberán acordarse cuestiones clave como la situación del personal, la infraestructura edilicia, los recursos tecnológicos y la coordinación con el Consejo de la Magistratura de la Nación y el Consejo de la Magistratura porteño.
Fundamentos jurídicos y antecedentes del traspaso
En los considerandos, el decreto recuerda que cuando se organizó la Justicia Nacional del Trabajo la Ciudad de Buenos Aires no tenía aún el carácter de Ciudad Autónoma, condición que adquirió a partir de la reforma constitucional de 1994. A partir de ese cambio, el sistema judicial con asiento en el territorio porteño quedó en un esquema transitorio a la espera de una plena transferencia de competencias.
El Ejecutivo cita además la Ley 24.588, sancionada en 1995, que en su artículo 6° faculta al Estado Nacional y a la Ciudad de Buenos Aires a celebrar convenios para transferir organismos, funciones, competencias y bienes. Sobre esa base normativa se han concretado, en los últimos años, diferentes traspasos de áreas como la seguridad, el juego y parte de la Justicia ordinaria.
- Reconocimiento de la autonomía porteña tras la reforma de 1994.
- Marco legal específico para convenios de transferencia (Ley 24.588).
- Implementación gradual y sujeta a acuerdos complementarios.
El texto también menciona un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que se sostuvo que el carácter nacional de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad de Buenos Aires es “meramente transitorio” y se instó a adoptar medidas para garantizar el pleno ejercicio de las competencias jurisdiccionales propias de la Ciudad. El nuevo decreto se inscribe en ese camino de adecuación institucional.
Impacto político y rol clave ante una posible reforma laboral
La transferencia del fuero laboral adquiere especial relevancia en el actual contexto político, atravesado por el debate sobre una amplia reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei. De aprobarse en el Congreso, se prevé una ola de presentaciones judiciales, amparos y medidas cautelares promovidas por sindicatos, centrales obreras y organizaciones profesionales, que deberán tramitar precisamente ante la Justicia del Trabajo.
En ese escenario, el rol de los juzgados laborales será central para evaluar la constitucionalidad y el alcance de los cambios que el oficialismo pretende introducir en materia de contratación, indemnizaciones, convenios colectivos y derechos laborales. La definición sobre si esas causas quedarán bajo un fuero nacional o bajo la órbita de la Ciudad no es menor y forma parte de la discusión de poder en torno al rediseño institucional que impulsa la Casa Rosada.
La Corte Suprema ya había advertido que el carácter nacional de los tribunales con asiento en la Ciudad era transitorio y reclamó avanzar hacia el ejercicio pleno de la jurisdicción porteña.
De aquí en adelante, el Gobierno nacional y la administración porteña deberán avanzar en la letra fina del acuerdo de traspaso, que luego podría requerir instancias de validación legislativa. Mientras tanto, el movimiento confirma la intención del Ejecutivo de acelerar la reconfiguración del mapa judicial en la Ciudad de Buenos Aires en un momento de alta sensibilidad política y social por el rumbo de las reformas estructurales.
