Burford pide seguir con el discovery mientras Argentina busca margen de maniobra judicial
NewsITe
La disputa judicial por la expropiación de YPF volvió a escalar en los tribunales de Nueva York. Los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, representados por Burford Capital, reclamaron a la jueza Loretta Preska que no acepte el pedido de la Argentina de suspender el proceso de descubrimiento (discovery) posterior al fallo que condenó al país a pagar US$ 16.100 millones.
En una carta presentada el 6 de febrero de 2026, los demandantes acusaron al Gobierno argentino de utilizar la solicitud de suspensión como una maniobra para esquivar posibles sanciones y un eventual desacato, al tiempo que remarcaron que el planteo oficial no se ajusta a los criterios legales exigidos por el tribunal.
Del lado argentino, la estrategia se apoya en la defensa de la inmunidad soberana y en la voluntad de frenar la búsqueda de información sobre activos embargables. La presentación de una declaración jurada sobre las reservas de oro del Banco Central ante Preska forma parte de esa línea argumental, en un intento por limitar el alcance del discovery impulsado por Burford.
El eje del conflicto: sanciones, desacato y activos embargables
Los demandantes sostienen que la conducta del Estado argentino en esta etapa del proceso justifica negar cualquier tipo de postergación. En el escrito ante la corte, describen un supuesto patrón de “retrasos sistemáticos, negativas a cumplir órdenes judiciales, entrega incompleta o tardía de documentos y testigos sin preparación suficiente para declarar sobre activos clave”, como las reservas de oro del BCRA o acuerdos financieros con China.
Según esa posición, el objetivo del discovery es identificar bienes que puedan ser objeto de embargo para hacer efectiva la sentencia de primera instancia. Entre los activos en la mira se mencionan las reservas de oro del Banco Central, aunque el Gobierno insiste en que gozan de protección por inmunidad soberana.
Debate jurídico por la suspensión y antecedentes clave
En términos legales, los demandantes citan el precedente Nken v. Holder para cuestionar el pedido de suspensión (stay) formulado por la Argentina. Afirman que el país no cumple con los cuatro factores requeridos: no demostraría probabilidad de éxito en la apelación, no enfrentaría un daño irreparable —porque los perjuicios derivarían de su propia conducta procesal—, perjudicaría a la contraparte frenando el descubrimiento pendiente y se ubicaría en contra del interés público al incumplir fallos judiciales, según su planteo.
También remarcan que la República ya había solicitado una suspensión en el pasado y que no habría respetado por completo las condiciones fijadas por la jueza, como la oferta de garantías o la tramitación acelerada de la revisión. Ese historial, entienden, impediría ahora volver a conceder una medida excepcional.
- Los demandantes cuestionan que, pese a mencionar 115.000 páginas producidas, en realidad se entregaron unos 13.500 documentos, muchos de ellos públicos o irrelevantes.
- La defensa argentina plantea que el discovery se volvió “insólito y desproporcionado” tras casi dos años de intercambio de información.
“El pedido de suspensión se presentó después de casi dos años de intentos de colaboración, en un proceso que se volvió insólito y desproporcionado”, señalaron fuentes oficiales.
Estrategia oficial y próximos pasos en el caso YPF
En la Casa Rosada y en la Procuración del Tesoro niegan que exista una “estrategia sistemática de dilación”. Rechazan las acusaciones de incumplimiento reiterado, presentaciones tardías e incompletas y testigos mal preparados, y sostienen que la Argentina ha actuado en línea con la defensa de sus intereses soberanos y de su patrimonio público.
El próximo hito procesal será el 19 de febrero, cuando el país presente formalmente sus argumentos para rechazar el pedido de sanciones y desacato. A partir de entonces, Preska quedará en condiciones de resolver si acepta o no la suspensión de la etapa de descubrimiento, que corre en paralelo a la apelación de fondo contra la sentencia por la estatización de YPF.
La estrategia oficial ya anticipa un eventual nuevo capítulo: si la jueza deniega el stay, la Argentina recurrirá de inmediato a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, como ocurrió en otras instancias del caso, entre ellas cuando se discutió el turnover del 51% de las acciones de YPF. En aquel antecedente, Preska había rechazado el freno, pero el tribunal de alzada finalmente concedió la suspensión mientras analizaba el planteo.
Con un fallo multimillonario en juego y un complejo entramado de activos a la vista, la definición sobre el discovery y las sanciones marcará el tono del litigio en los próximos meses y el margen de maniobra de la Argentina en uno de los juicios más sensibles de su historia reciente.
