Diputados se prepara para votar la reforma del régimen penal juvenil
NewsITe
La Cámara de Diputados afrontará esta semana una instancia decisiva para el nuevo Régimen Penal Juvenil, un proyecto que busca modificar de manera profunda la responsabilidad penal de los menores en la Argentina. La iniciativa, que ya ingresó formalmente al Congreso, se encamina a ser tratada en el recinto el próximo jueves, luego de un último paso por comisiones.
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El texto que impulsa el Gobierno retoma en gran medida el dictamen obtenido en mayo de 2025, pero incorpora un cambio central: la asignación explícita de recursos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para garantizar la implementación efectiva de la ley. En la versión anterior, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que alimentaba críticas sobre el riesgo de que la norma quedara sólo en el papel.
De acuerdo con la nueva redacción, se prevé una partida superior a los 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia. Estos fondos deberían destinarse a fortalecer los equipos técnicos, la defensa pública y los programas de seguimiento, tratamiento y reinserción de los jóvenes en conflicto con la ley penal.
Reducción de la edad de imputabilidad y cambios en las penas
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasaría de los 16 a los 14 años. Ese umbral retoma el consenso alcanzado en debates anteriores, donde oficialismo y parte de la oposición habían confluido en fijar la edad mínima punible en 14 años, aunque con diferencias sobre el alcance de las sanciones y el tipo de delitos alcanzados.
La iniciativa excluye la posibilidad de imponer reclusión perpetua a menores y establece un máximo de 15 años de prisión para los delitos más graves. Para conductas penadas con menos de 3 años, o hasta 10 años cuando no medie violencia grave, se privilegian alternativas a la prisión efectiva, con un enfoque social y educativo: libertad asistida, tareas comunitarias, programas de formación laboral y dispositivos de contención psicosocial.
En esos casos, el objetivo declarado es reforzar la resocialización de los jóvenes, promover su reinserción en el sistema educativo y en el mercado de trabajo, y reducir la reincidencia mediante un acompañamiento integral más que a través del encierro prolongado.
Trámite en comisiones y debate político
El miércoles se reunirá un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Adolescencias; Justicia; y Presupuesto y Hacienda para emitir dictamen y dejar el proyecto en condiciones de ser llevado al recinto. Según fuentes legislativas, se intentará reflotar el acuerdo alcanzado el año pasado, cuando un dictamen de 77 firmas logró apoyo incluso de sectores de Unión por la Patria, aunque con disidencias parciales.
Desde la oposición más dura denuncian que el oficialismo intenta avanzar “a libro cerrado” y de manera exprés, pese a que el Ejecutivo recuerda que el texto fue objeto de un debate amplio, con al menos siete reuniones informativas y la participación de especialistas en criminalística, neurología, Justicia y organismos de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Inseguridad, caso Monzón y respaldo del Gobierno
El tratamiento del Régimen Penal Juvenil se reactivó este verano en el marco de las sesiones extraordinarias, impulsado por el fuerte impacto social que generó el crimen de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe por otros tres menores. El caso volvió a poner en el centro de la escena la discusión sobre la responsabilidad penal de los jóvenes y la respuesta del Estado frente a los delitos cometidos por menores de edad.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la reforma apunta a terminar con la llamada “puerta giratoria” y a reforzar el mensaje de que “el que las hace, las paga”, una consigna repetida por el presidente Javier Milei. La premisa que subyace es que frente a un “delito de adulto”, debe aplicarse una “pena de adulto”, aun cuando se trate de jóvenes de entre 14 y 18 años.
El Gobierno busca así elevar los costos para quienes delinquen y desalentar la participación de menores en hechos graves, al tiempo que insiste en una mirada centrada en la víctima y en cuestionar los enfoques que colocan a los jóvenes infractores como víctimas exclusivas de un sistema social excluyente.
Críticas de la oposición y el debate sobre la evidencia
Los sectores opositores más refractarios a la reforma sostienen que no existen evidencias sólidas, ni en América Latina ni a nivel global, que demuestren que bajar la edad de imputabilidad reduzca los índices de criminalidad. Citan, por ejemplo, el caso de Brasil, donde se avanzó en endurecer el régimen penal juvenil y la tasa de homicidios alcanzó 23,1 cada 100 mil habitantes, una cifra considerada alarmante por los especialistas.
Para estos espacios, el problema de la delincuencia juvenil es estructural y responde, principalmente, a un entramado de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades que afecta a miles de chicos y chicas en todo el país. Señalan que, sin políticas robustas de inclusión educativa, sanitaria y laboral, cualquier endurecimiento punitivo corre el riesgo de ser meramente simbólico.
En ese sentido, vuelven a plantear que la respuesta estatal debe combinar la sanción adecuada de los delitos con políticas públicas de largo plazo en barrios vulnerables, prevención de adicciones, fortalecimiento de las escuelas y acceso a actividades culturales y deportivas.
Un país sin ley integral de minoridad y un debate abierto
Argentina es uno de los pocos países de la región que aún no cuenta con un régimen penal juvenil integral y actualizado, una situación que, según diversas organizaciones, contribuye a la dispersión de criterios y a la falta de herramientas claras para abordar los casos que involucran a menores. El desafío, coinciden especialistas, es construir un marco que contemple sanciones diferenciadas pero también mecanismos eficaces de resocialización.
Mientras el oficialismo busca mostrar el proyecto como una señal de firmeza frente al delito, y la oposición advierte sobre el riesgo de profundizar la vulnerabilidad de los jóvenes, el Congreso se dispone a dar una nueva batalla legislativa. Lo que se defina en los próximos días en Diputados marcará, en buena medida, el rumbo del sistema penal juvenil argentino para los próximos años.
