Diputados se apresta a votar la reforma del régimen penal juvenil
NewsITe
La Cámara de Diputados afronta una semana decisiva con el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, proyecto que el oficialismo busca convertir en ley en las próximas horas. La iniciativa, que ya tuvo amplio debate parlamentario el año pasado, ingresó nuevamente al Congreso con dos modificaciones centrales: la asignación específica de fondos para su implementación y un cambio en la edad de imputabilidad propuesta por el Ejecutivo.
Según fuentes legislativas, el texto que llegó al recinto mantiene la estructura del dictamen emitido en mayo de 2025, pero incorpora la previsión de recursos para la Defensoría General y el Ministerio de Justicia, con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva del sistema. En esta ocasión, se fijan más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría y más de 3 mil millones para Justicia, dejando atrás el esquema anterior, que dejaba el financiamiento a discreción de la Jefatura de Gabinete.
El otro eje central del proyecto es la reducción de la edad de imputabilidad. Mientras el texto que ingresó a Diputados propone bajarla de los 16 a los 13 años, el consenso político alcanzado hasta ahora se ubica en los 14 años. De acuerdo con lo que anticipan en el Congreso, el dictamen que se firmaría esta semana recuperaría ese punto de acuerdo, en línea con las conversaciones previas entre oficialismo y parte de la oposición.
Debate por penas, delitos y medidas de resocialización
La discusión sobre el régimen penal juvenil no se limita a la edad de imputabilidad. En el articulado confluyen definiciones sobre qué delitos serán alcanzados, qué tipo de penas podrán imponerse y cuáles serán las alternativas a la privación de la libertad para los menores en conflicto con la ley. El proyecto descarta la posibilidad de aplicar reclusión perpetua a adolescentes y fija un máximo de 15 años de prisión para los casos más graves.
Para los delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años siempre que no medie violencia grave, se privilegia un enfoque social y educativo. Entre las herramientas previstas se incluyen la libertad asistida, la realización de tareas comunitarias y programas de acompañamiento, con el objetivo declarado de evitar la prisión efectiva en los casos de menor entidad y favorecer la resocialización.
Este miércoles, un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Adolescencias; Justicia; y Presupuesto y Hacienda se reunirá para emitir dictamen y dejar el texto listo para su votación en el recinto. Desde sectores opositores ya advirtieron que el Gobierno intenta avanzar “a libro cerrado” y con trámite exprés, aunque en el oficialismo remarcan que el contenido fue discutido extensamente el año pasado, en al menos siete reuniones con especialistas de distintas disciplinas.
El contexto político y el impacto de los casos de inseguridad
La vuelta del tema a la agenda legislativa está directamente vinculada a hechos recientes de inseguridad que conmocionaron a la opinión pública. Uno de los casos que reactivó el debate fue el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe por otros tres menores, episodio que volvió a poner bajo la lupa la ausencia de un régimen penal de minoridad moderno en la Argentina.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la reforma busca poner fin a la denominada “puerta giratoria” y cerrar espacios de impunidad para delitos cometidos por jóvenes de 16 años que hoy no reciben sanciones acordes, según la mirada oficial, a la gravedad de los hechos. El proyecto se inscribe en la lógica punitiva que el Gobierno y el presidente Javier Milei resumen en la consigna “el que las hace, las paga”, con la idea de acercar las consecuencias penales de los menores a las de los adultos en determinados delitos graves.
En paralelo, la oposición más dura objeta que no exista evidencia concluyente a nivel regional o internacional que vincule de forma directa la baja de la edad de imputabilidad con una reducción de los índices de criminalidad juvenil. Citan, por ejemplo, el caso de Brasil, donde la edad de responsabilidad penal se fijó en 12 años y, sin embargo, la tasa de homicidios se ubica en niveles muy elevados, por encima de 23 cada 100 mil habitantes.
Posturas enfrentadas y desafíos pendientes
- El oficialismo impulsa penas más severas y un esquema de sanciones diferenciales para menores, combinado con medidas de reinserción social y laboral.
- La oposición crítica advierte que el problema de la delincuencia juvenil tiene raíces estructurales, ligadas a la exclusión social y la falta de oportunidades.
- Organismos especializados reclaman que cualquier reforma se adecue a los estándares internacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Argentina es uno de los pocos países de la región que aún no cuenta con un régimen penal juvenil plenamente actualizado, lo que alimenta la discusión sobre cómo combinar castigo, prevención y resocialización.
Mientras el Congreso se prepara para una votación clave, el debate de fondo gira en torno a qué respuestas ofrece el Estado frente a los delitos cometidos por menores y qué tipo de sociedad se busca construir: una que privilegie el endurecimiento de penas o una que apueste, con igual énfasis, por políticas de inclusión y contención que eviten que los jóvenes entren en el circuito del delito.
