Una decena de efectivos quedó arrestada tras ser denunciada por pedir 10 millones de pesos y un pago mensual para “blanquear” un operativo por drogas.
Una decena de policías de la Subdivisión Narcotráfico de Pilar fue detenida en las últimas horas, acusada de extorsionar a un joven sospechoso de narcotráfico a cambio de no avanzar con su detención. Los efectivos habrían exigido el pago inmediato de 10 millones de pesos y luego una suma mensual para “blanquear” el procedimiento.
El hecho ocurrió durante un allanamiento ordenado en el marco de una causa por narcotráfico en esa localidad bonaerense. El operativo estaba a cargo de la Subdivisión Narcotráfico de Pilar de la Policía Bonaerense y tenía como objetivo la detención de un joven identificado como L.B., sospechado de guardar cocaína para una banda vinculada a dos puntos de venta en la zona.
Según la investigación, antes de concretar la aprehensión, los policías le habrían ofrecido un “arreglo” ilegal: protección a cambio de entregar 10 millones de pesos en el momento y luego abonar un pago mensual de 500 mil pesos. El joven aceptó el trato y pidió realizar una llamada a un familiar para conseguir el dinero inicial.
Al advertir que la persona contactada tenía fuertes influencias, los efectivos abortaron la maniobra y se llevaron detenido a L.B. Para no dejar rastros de lo ocurrido, arrancaron el DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda y retiraron las cámaras instaladas en el lugar. Además, se llevaron perfumes del dormitorio de la pareja.
Lo que los policías no sabían era que la esposa de L.B. había escuchado toda la conversación desde el interior de la casa. Tras el traslado de su marido a la comisaría, se presentó ante la Justicia y denunció la extorsión directamente ante el fiscal Pablo Menteguiaga, quien había ordenado el allanamiento.
La causa dio un vuelco
A partir de esa denuncia, la investigación cambió por completo. El fiscal y su equipo constataron indicios que respaldaban el relato de la mujer: al regresar a la vivienda, encontraron cables colgando de las paredes donde antes estaban conectadas las cámaras. Luego, en una instancia clave, L.B. admitió haber sido presionado por los agentes.
Los testigos del procedimiento también aportaron datos comprometedores. Uno de ellos declaró que vio cómo la esposa del detenido preguntaba por qué se llevaban las cámaras y que uno de los policías respondió que era para no “comprometer a los testigos”, una explicación que la Justicia considera insostenible.
Con estas pruebas, el fiscal dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense. El jueves 5 se ordenó la detención de los policías involucrados y se allanó la Subdivisión Narcotráfico de Pilar.
Durante los procedimientos no se halló el DVR, pero sí una cámara de seguridad en el baúl de uno de los patrulleros y dos perfumes, que serán peritados para determinar si pertenecen a la vivienda de L.B. Además, hay un quinto efectivo involucrado que no figura oficialmente, quien fue el encargado de comunicarse con el fiscal para informar el resultado del allanamiento. También quedaron imputados el jefe de la subdelegación y un subcomisario. Todos fueron desafectados de la fuerza.
Los policías enfrentan cargos por extorsión, encubrimiento agravado por la destrucción de pruebas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y robo agravado. La pena en expectativa podría alcanzar los 20 años de prisión. Uno de ellos suma además una imputación por falso testimonio agravado, tras haber brindado datos falsos sobre la identidad del sospechoso, al que describió como un “NN Gabriel, de 50 años”, cuando en realidad L.B. tiene 25.
