Casación avala avance de causa por corrupción en la ANDIS

La Justicia federal deja firmes las imputaciones a los Kovalivker

Causa por corrupción en la ANDIS y hermanos Kovalivker

NewsITe

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el avance de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y desestimó un planteo clave de la defensa de los empresarios Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, vinculados a la firma Droguería Suizo Argentina.

En una resolución firmada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Ángela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar, la Sala II declaró inadmisible el recurso de queja presentado por los imputados contra la negativa a hacer lugar a una excepción de falta de acción. Con ese rechazo, quedó firme lo actuado por el juez y el fiscal de primera instancia, quienes impulsan la pesquisa por presunto fraude al Estado en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

– Publicidad –

De acuerdo con el expediente, la investigación apunta a una presunta organización delictiva integrada por funcionarios públicos y empresarios del sector farmacéutico. A través de licitaciones direccionadas, sobreprecios y desvío de fondos, el grupo habría obtenido sumas millonarias en perjuicio del erario nacional y de beneficiarios sin cobertura médica. Los hechos bajo análisis se habrían extendido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Mensajes comprometedores y maniobras bajo la lupa

Entre las pruebas incorporadas figuran intercambios de mensajes entre los acusados, en los que se mencionan despidos promovidos desde la Droguería Suizo Argentina y referencias a contar con “gente con la bandera correcta”, acompañadas por un emoji alusivo a la bandera suiza. Para los investigadores, estas comunicaciones aportarían indicios sobre la forma en que se habrían alineado intereses privados y decisiones empresariales con las presuntas maniobras irregulares en el marco de la ANDIS.

Fuentes judiciales señalan que la continuidad de la causa permitirá profundizar en la trazabilidad de las contrataciones, el circuito del dinero y el eventual rol que habría tenido cada uno de los involucrados. No se descarta que, a partir de la documentación y las pericias contables, surjan nuevas imputaciones o la ampliación de las ya existentes.

El perfil de los Kovalivker y el despliegue de lujo

La investigación penal también puso el foco en el patrimonio y el estilo de vida de la familia Kovalivker. Jonathan estuvo prófugo durante cuatro días antes de entregarse a la Justicia con su teléfono celular reseteado de fábrica, lo que generó suspicacias sobre un posible intento de borrar información relevante. Su hermano Emmanuel, en tanto, fue detenido en Nordelta cuando circulaba con 266.000 dólares en sobres y 7 millones de pesos en efectivo.

En uno de los allanamientos realizados en el domicilio de Jonathan, los investigadores hallaron la caja fuerte abierta y vacía. Además, se constató la existencia de una colección de más de 15 autos deportivos de alta gama, entre ellos exclusivos modelos de Ferrari y Porsche. Jonathan, piloto amateur de la categoría Porsche GT3 Cup Trophy, habría sido titular de unidades como un 911 GT3 RS y un GT2 RS, mientras que su padre Eduardo figura como propietario de una Ferrari 275 GTB de 1965, un modelo de gran cotización internacional.

Lo que viene en el expediente

Tras el aval de Casación, la causa se encamina a nuevas medidas de prueba, peritajes sobre la documentación de las contrataciones y eventuales llamados a declaración indagatoria o ampliaciones de las ya realizadas. En el centro del expediente seguirán las licitaciones de medicamentos para personas con discapacidad y el posible perjuicio causado a uno de los sectores más vulnerables de la población.

La decisión de la Cámara de Casación consolida la continuidad de una de las investigaciones por corrupción más sensibles vinculadas al sistema de salud y a políticas públicas para personas con discapacidad.

La resolución se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de fondos públicos destinados a programas sociales y sanitarios, y coloca nuevamente bajo la lupa los mecanismos de control del Estado sobre proveedores estratégicos del sistema de salud.

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -