Debate por la baja de edad de imputabilidad vuelve al centro de la escena
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, ratificó que el proyecto oficial para bajar la edad de imputabilidad de los menores que cometen delitos es, según sus palabras, “una necesidad fundamental para la Argentina”. La iniciativa será enviada al Congreso para su tratamiento en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.
En declaraciones radiales, la funcionaria remarcó que el objetivo central del texto es actualizar el régimen penal juvenil y fijar nuevas reglas para la intervención del Estado frente a delitos cometidos por adolescentes. El Gobierno sostiene que el esquema vigente quedó desfasado frente a la realidad del delito y a la legislación comparada de la región.
Monteoliva subrayó que la propuesta “va a permitir abordar los delitos cometidos por los menores y la respuesta del Estado”, al advertir que hoy existen limitaciones legales para dar una respuesta penal y, al mismo tiempo, ofrecer un circuito de contención y reeducación para quienes ingresan en el sistema.
La ministra también puso el foco en el contexto latinoamericano. Según expresó, la Argentina se encuentra entre los países con la edad de imputabilidad más alta de la región, lo que, a su entender, genera un vacío normativo frente a hechos delictivos cometidos por menores. En varios países vecinos, recordó, la responsabilidad penal se establece a edades inferiores a la local.
Reeducación, eje del discurso oficial
Al defender el proyecto, Monteoliva hizo hincapié en que la iniciativa busca priorizar la reeducación y la reinserción social por encima de un enfoque meramente punitivo. En ese sentido, aclaró que no se pretende que los menores sean alojados en los mismos lugares de detención que los adultos, sino en dispositivos específicos con acompañamiento profesional.
La funcionaria habló de la necesidad de articular políticas entre el Poder Judicial, los sistemas de protección de derechos, las fuerzas de seguridad y las áreas sociales para evitar que los jóvenes reincidan. La discusión parlamentaria, anticipan en el oficialismo, incluirá el análisis de protocolos de intervención, condiciones de encierro y medidas alternativas a la prisión.
- Actualización del régimen penal juvenil y revisión de la edad de imputabilidad.
- Énfasis en la reeducación y en centros separados de los adultos.
- Comparación con otros países de América Latina, donde la edad es más baja.
“El proyecto toma en serio este tema por primera vez. Busca promover la reeducación de estos menores, porque no se trata de ponerlos en los mismos lugares de detención en los que están los adultos”, sostuvo Monteoliva.
El envío del proyecto abre un nuevo capítulo en un debate sensible, que cruza seguridad, derechos de la niñez y política criminal. Mientras el oficialismo intentará avanzar con rapidez en el Congreso, se espera la reacción de bloques opositores, especialistas y organizaciones de derechos humanos, que históricamente han planteado reparos a la baja de la edad de imputabilidad. La discusión legislativa definirá el alcance final de una reforma que puede reconfigurar el abordaje del delito juvenil en la Argentina.
