Cierre inesperado del Colegio Formar Futuro conmociona a Villa Real
NewsITe
El repentino cierre del Colegio Formar Futuro, ubicado sobre la calle Simbrón 5490 en el barrio porteño de Villa Real, dejó a unos 300 alumnos y 75 trabajadores en una situación de extrema incertidumbre a pocos días del inicio del ciclo lectivo. Padres, docentes y no docentes se enteraron de la decisión mediante un correo electrónico enviado a mediados de enero, en el que la conducción de la institución anunciaba el cese definitivo de sus actividades.
La comunicación, sin instancias previas de diálogo ni explicaciones claras, generó la inmediata preocupación de las familias, que comenzaron a organizarse para reclamar respuestas y alternativas educativas para sus hijos. La falta de interlocución por parte de los directivos, sumada a la proximidad del comienzo de clases, encendió las alarmas en la comunidad educativa de la zona oeste de la Ciudad de Buenos Aires.
Frente a la viralización del caso y a las denuncias públicas, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires intervino de oficio. Según un comunicado al que tuvo acceso Noticias Argentinas, la cartera que conduce María de las Mercedes Miguel inició acciones legales como «particular damnificado» contra los responsables del colegio, dado que se trata de una institución privada que recibía aportes estatales destinados al pago de salarios docentes.
Acciones del Ministerio y acompañamiento a las familias
El Ministerio informó que el conflicto se originó en enero, cuando los docentes reportaron que no habían cobrado sus haberes. A partir de ese momento se encadenaron las irregularidades: falta de pago de salarios, ausencia de autoridades, silencio institucional y, finalmente, la notificación del cierre por mail. La situación derivó en una investigación administrativa y en la presentación de denuncias judiciales para determinar posibles delitos vinculados al manejo de fondos públicos.
Desde la cartera educativa aseguraron que se están «realizando todas las acciones necesarias para asegurar que los alumnos puedan seguir estudiando en otros establecimientos», priorizando la continuidad pedagógica y el acompañamiento integral a las familias afectadas. Entre las medidas analizadas figuran la asignación de vacantes en colegios cercanos, el seguimiento de las trayectorias escolares y la contención de los estudiantes que deban cambiar de entorno educativo de manera abrupta.
En paralelo, el Ministerio dictó una resolución que apunta a evitar nuevos cierres intempestivos de escuelas privadas con aporte estatal. La norma establece que, en caso de riesgo de cierre, las instituciones deberán notificar con suficiente antelación y coordinar con la autoridad educativa un proceso ordenado que incluya evaluación de alternativas, información clara a las familias y planes para garantizar la continuidad escolar.
Denuncia sindical y dudas sobre el destino de los fondos
El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de Capital Federal también se pronunció públicamente, repudiando el cierre del colegio y denunciando a los empleadores por la presunta malversación de los recursos recibidos a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP). Según el gremio, los fondos estatales tenían como único fin el pago de salarios, pero los trabajadores no percibieron sus haberes de diciembre de 2025.
- SADOP denunció que los responsables del colegio defraudaron a la comunidad educativa y al Estado.
- Los empleadores permanecen inubicables y no responden a requerimientos del Ministerio ni de los trabajadores.
- El cierre se concretó sin un plan de transición ni notificación previa adecuada a las familias.
«Los responsables de la Institución no sólo defraudaron a toda la comunidad educativa, sino también al Estado malversando los fondos que fueron recibidos con la única finalidad del pago de los salarios docentes», señaló SADOP Capital en un comunicado.
Mientras avanza la investigación judicial y administrativa, padres y docentes siguen a la espera de definiciones concretas sobre el futuro de los chicos y sobre la situación laboral de los 75 empleados. El caso del Colegio Formar Futuro reabre el debate sobre los mecanismos de control del sistema educativo de gestión privada con aporte estatal y la necesidad de mayores garantías para que ninguna comunidad escolar vuelva a quedar a la deriva a días de empezar las clases.
