Especialistas cuestionan la independencia del nuevo organismo
NewsITe
La creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del gobierno de Javier Milei abrió un fuerte debate en el ámbito del periodismo y la verificación de datos. El nuevo organismo fue presentado como una herramienta para “desmentir activamente la mentira” en redes sociales y medios de comunicación, pero especialistas en fact checking advierten que el Estado no puede ser juez y parte a la vez.
De acuerdo con un informe elaborado por el Equipo de Chequeado, la iniciativa carece de la independencia necesaria para ser considerada un mecanismo de verificación confiable. Según pudo saber Noticias Argentinas, en la Casa Rosada sostienen que el objetivo es exponer “las operaciones de los medios y la casta política”. Sin embargo, expertos en desinformación remarcan que un gobierno no puede auditar su propio discurso siguiendo los estándares del periodismo de datos.
Las organizaciones de verificación independientes, tanto en Argentina como en el resto del mundo, se rigen por el Código de Principios de la International Fact Checking Network (IFCN). Ese marco exige transparencia en la metodología, claridad sobre las fuentes de financiamiento, criterios explícitos para la selección de temas y una política de corrección abierta y verificable cuando se detectan errores.
Críticas por el riesgo de ser juez y parte
Lucas Graves, investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison y referente internacional en estudios sobre fact checking, advierte que ninguna agencia estatal “debe confundirse o presentarse como fuentes de información independientes”. La independencia editorial, explican los especialistas, es uno de los pilares para que el público confíe en la tarea de verificación.
En la misma línea se expresó Clara Jiménez Cruz, cofundadora y CEO de la organización española Maldita.es, quien cuestionó la lógica de la autoauditoría gubernamental. “El trabajo del fact checking es obligar a los poderosos a rendir cuentas. Si ellos mismos pretenden hacer el fact checking, ¿quién garantiza la rendición de cuentas?”, planteó, al advertir que una oficina oficial podría terminar funcionando como herramienta de presión sobre periodistas y opositores.
El informe subraya que estos mecanismos, en lugar de reducir la desinformación, pueden habilitar formas encubiertas de hostigamiento. Asociaciones profesionales y observatorios de medios señalan que, sin controles externos ni reglas claras, existe el riesgo de que se utilice el sello del Estado para deslegitimar voces críticas bajo la etiqueta de “fake news”.
Contradicciones del Gobierno y antecedentes en la región
El documento también marca una contradicción en la actual gestión. Mientras el Gobierno afirma que combatirá la desinformación “brindando más información”, en paralelo modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, introduciendo nuevas restricciones para acceder a datos oficiales. Según relevamientos de organizaciones especializadas, la administración de Milei es, hasta ahora, la que más pedidos de información dejó sin respuesta en comparación con los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
No se trata, además, de un fenómeno aislado. En Argentina ya hubo otros intentos de instalar verificadores oficiales, como la plataforma “Confiar” durante la pandemia de COVID-19 y el observatorio “Nodio” en la gestión de Alberto Fernández. Más recientemente, se sumó el streaming “Fake, 7, 8”, impulsado desde la vocería presidencial a cargo de Manuel Adorni, con un tono abiertamente confrontativo hacia medios y periodistas.
- En Brasil, el gobierno de Lula da Silva lanzó el sitio “Brasil Contra Fake” para responder contenidos falsos o engañosos.
- En México funciona “Infodemia”, iniciativa vinculada a medios públicos para combatir la desinformación.
- En Ecuador, la cuenta oficial “Segcomv” también se posiciona como plataforma para desmentir información.
Si bien estas experiencias se presentan como herramientas contra la desinformación, expertos advierten que cuando la verificación depende del poder político, se debilita el control ciudadano y se corre el riesgo de utilizar el rótulo de “fake” para desacreditar a opositores, organizaciones civiles o periodistas de investigación.
“Cuando la verificación de datos queda en manos del gobierno, deja de ser un mecanismo de rendición de cuentas y puede transformarse en un instrumento de persecución”, sostienen desde entidades profesionales del sector.
En el plano local, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y referentes de la oposición ya expresaron su rechazo a la Oficina de Respuesta Oficial. Alertan que, sin transparencia ni supervisión independiente, la iniciativa puede convertirse en una herramienta de control del discurso público más que en un aporte genuino a la calidad informativa.
