Casino flotante de Puerto Madero: licitación en la mira y tensión sindical
NewsITe
El futuro de los casinos flotantes de Puerto Madero atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su inauguración. Tras años de funcionamiento amparado en medidas cautelares, el negocio que domina las noches de juego en la Ciudad de Buenos Aires quedó bajo la lupa de la Justicia y de los reguladores, mientras empresarios y sindicatos se preparan para un escenario de cambios profundos.
De acuerdo con fuentes vinculadas a los organismos de control del juego, la Lotería de la Ciudad se encamina a llamar a una nueva licitación para definir quién operará los barcos-casino. La opción de una estatización plena, similar al esquema vigente en la provincia de Buenos Aires, hoy pierde fuerza en el gobierno porteño, que se inclina por un modelo de concesión privada bajo mayor supervisión estatal.
En este tablero se mueven tres pesos pesados del sector. Por un lado, el español Manuel Lao Hernández, fundador del grupo global Cirsa, que conserva el 50% de la Unión Transitoria de Empresas a cargo del Casino Flotante y mantuvo sus activos en Buenos Aires fuera de la venta al fondo Blackstone de 2018, previendo la complejidad regulatoria local. Junto a él, el empresario argentino Federico de Achával, referente del mercado del juego regulado, a cargo de HAPSA —concesionaria del Hipódromo de Palermo hasta 2032— y de la plataforma de apuestas online BetWarrior.
Completa el trío el santacruceño Ricardo Benedicto, conocido como el “zar del juego”, líder de Inverclub y figura central de Casino Club, uno de los holdings más importantes en casinos y salas de tragamonedas del país. Los tres aceptan en privado que el statu quo es insostenible: o habrá licitación o el Estado deberá rediseñar por completo el esquema de explotación.
Una concesión vencida y el giro de la Corte Suprema
La trama judicial explica buena parte de la incertidumbre actual. La concesión original de Casinos de Buenos Aires SA, integrada por Cirsa y socios locales, venció formalmente en 2019. Desde entonces, los barcos siguieron operando gracias a medidas cautelares que prolongaron, de hecho, un contrato nacido en los años de Carlos Menem y modificado en 2016 bajo la gestión de Mauricio Macri.
Ese andamiaje legal se derrumbó cuando, en marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó las cautelares y consideró arbitraria e insostenible la prórroga del contrato. El fallo dejó a los actuales operadores en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica y obligó al Ejecutivo porteño a acelerar definiciones en un contexto de fuerte ajuste fiscal.
En la sede de gobierno de la Ciudad reconocen que se multiplicaron las reuniones con representantes de las empresas, sin resultados concretos. Mientras los abogados de los concesionarios preparan impugnaciones y estrategias jurídicas para sostener su presencia en el negocio, nuevos jugadores del sector ya se posicionan para competir en una eventual licitación que podría lanzarse este año.
Un negocio en retroceso, pero clave para las cuentas porteñas
Los especialistas en la industria del juego coinciden en que el brillo de los casinos de Puerto Madero ya no es el de sus primeros años. La menor afluencia de apostadores, la pérdida de glamour y la caída en la calidad del servicio contrastan con las anécdotas de los “viejos jugadores”, que recuerdan épocas de grandes apuestas y un clima de exclusividad. Sin embargo, aun con menos movimiento que en el pasado, los barcos siguen siendo una fuente relevante de recursos fiscales para la Ciudad.
En tiempos de “motosierra” y recortes presupuestarios, el gobierno porteño busca equilibrar la necesidad de garantizar ingresos con la obligación de transparentar y ordenar un negocio históricamente atravesado por polémicas. En ese marco, la futura licitación se proyecta no solo como una puja económica, sino también como una oportunidad para reposicionar al casino como atractivo turístico y de entretenimiento.
Gremios en guardia y amenaza de conflicto
El otro frente caliente se ubica en el terreno laboral. Cuatro sindicatos concentran la representación de más de 3.500 trabajadores ligados a la operatoria de los barcos: ALEARA, que nuclea a la mayoría del personal de salas y juego; UTHGRA, clave para los servicios gastronómicos; Camioneros, ligado al transporte y la logística; y SOMU, que agrupa a los marítimos indispensables para la actividad a bordo.
Precisamente el SOMU es hoy el más combativo, luego del despido de más de 300 afiliados. La conducción que responde a Raúl Durdos —heredero político del histórico dirigente Omar “Caballo” Suárez— enfrentará en breve un proceso electoral interno, una vez que venza la prórroga de mandatos dispuesta por la Justicia Nacional del Trabajo. En ese contexto, el sindicato adoptó una postura de fuerte presión y no descarta un paro por tiempo indeterminado.
En las últimas semanas, el gremio marítimo ya mostró su capacidad de impacto: paralizó los pisos tercero y cuarto de los barcos, donde se concentran las apuestas en dólares de alto monto, y frenó el servicio de barras durante varias horas, enviando una señal tanto a la patronal como al gobierno porteño.
Qué puede pasar con el casino flotante en los próximos meses
- Una nueva licitación podría redefinir el mapa empresario del juego en la Ciudad.
- El Estado porteño evalúa alternativas para asegurar continuidad de la recaudación.
- Los sindicatos anticipan más protestas si no hay garantías sobre los puestos de trabajo.
- La disputa interna en el SOMU agrega tensión al clima gremial.
“Los casinos flotantes no pueden seguir en esta condición, en el limbo judicial de las medidas cautelares”, señalan fuentes cercanas a los reguladores, dando por agotado el modelo vigente.
Entre fallos judiciales, intereses empresarios y amenazas de conflicto gremial, el futuro del casino flotante de Puerto Madero se definirá en los próximos meses. Lo que está en juego no es solo la continuidad de una concesión, sino el modelo de explotación del juego en uno de los enclaves más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.
