Fueron once trabajadores del hospital, diez de ellos delegados de ATE y APyT. La medida se tomó luego de sumarios por la toma de oficinas de la Dirección Médica en octubre de 2025.
El Gobierno resolvió cesantear a once trabajadores del Hospital Garrahan, diez de ellos delegados gremiales, por su participación en la toma de oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025, en el marco de un conflicto laboral por descuentos salariales aplicados tras un paro.
La decisión fue adoptada por el Consejo de Administración del hospital luego de la finalización de los sumarios administrativos iniciados tras el episodio. Según la evaluación oficial, los hechos revistieron “gravedad institucional” al implicar la ocupación de un área clave de la conducción médica y la interrupción del normal funcionamiento administrativo.
Entre las personas alcanzadas por la medida se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). De acuerdo con la reconstrucción administrativa, ambos habrían tenido un rol activo en la organización y conducción de la protesta.
El conflicto se originó cuando las autoridades del hospital notificaron que no se pagarían los días no trabajados durante los paros. Ese mismo día, delegados sindicales ingresaron a las oficinas de la Dirección Médica y permanecieron allí durante varias horas. Según fuentes oficiales, la ocupación incluyó interrupción de tareas, permanencia forzada del personal, agresiones verbales y negativa a acatar las órdenes de seguridad para desalojar el lugar.
Sumarios y sanciones
Tras el episodio, el Garrahan inició 44 sumarios administrativos para determinar responsabilidades. La investigación se extendió durante varios meses e incluyó testimonios, registros internos y material audiovisual. Como resultado, el Consejo de Administración aplicó sanciones diferenciadas: la mayoría de los trabajadores recibió sanciones menores y, en once casos, se resolvió la cesantía por considerar acreditada una participación activa y organizadora.
La nómina de trabajadores alcanzados incluye a diez delegados gremiales y una trabajadora sin tutela sindical. Además de Lezana y Lipcovich, figuran Maximiliano Bares Fara, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.
En el caso de los delegados gremiales, la cesantía no será inmediata, ya que diez de los once trabajadores cuentan con tutela sindical, lo que impide su desvinculación sin autorización judicial previa. Por ese motivo, el hospital deberá aguardar una resolución judicial para avanzar con esas cesantías. La única trabajadora sin protección gremial podrá ser desvinculada una vez concluido el proceso administrativo.
Adorni celebró la medida
El vocero presidencial Manuel Adorni celebró la decisión a través de sus redes sociales. “El que las hace, las paga. El motivo del conflicto fue la pretensión de cobrar por días no trabajados. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, expresó.
Desde el hospital, en tanto, se difundió un comunicado oficial en el que se sostuvo que la toma “no fue simplemente un ingreso a una oficina”, sino una acción que afectó el funcionamiento institucional y, según la evaluación administrativa, puso en riesgo la atención de los pacientes. “No vamos a permitir que unos pocos sigan afectando a nuestros pacientes ni que el Garrahan sea utilizado como teatro de operaciones electorales”, afirmaron.
Del lado gremial, las organizaciones involucradas anticiparon que recurrirán a la Justicia para impugnar las cesantías, especialmente en los casos de delegados con tutela sindical, y señalaron que el conflicto permanece abierto. Indicaron que la ocupación fue una respuesta a los descuentos salariales y a la falta de respuestas a los reclamos.
El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico del país que recibe pacientes derivados de todas las provincias, quedó nuevamente en el centro del debate público. El desenlace judicial será determinante para definir si las cesantías de los delegados gremiales pueden concretarse y cuál será el impacto final del conflicto en la institución.
