Fotomultas bajo sospecha en la Provincia: negocios, poder y tribunales
NewsITe
El sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la escena judicial y política, con el empresario Leandro Camani y su firma Secutrans enfrentados al titular de CEAMSE y presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en una trama que combina denuncias cruzadas, sospechas de abuso de poder y un millonario negocio de control de velocidad.
Según pudo reconstruir Noticias Argentinas, Camani, dedicado a la instalación y operación de radares en rutas y autopistas bonaerenses, denunció penalmente a Tapia por presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito. El eje del planteo es la interrupción del funcionamiento de cinemómetros sobre el Camino del Buen Ayre, una decisión que el empresario considera arbitraria y ajena a las facultades legales de CEAMSE.
La presentación recayó en la fiscalía de La Plata a cargo de Álvaro Garganta, la misma que instruye la denominada “megacausa” de las fotomultas, donde se investigan maniobras que habrían permitido reducir o anular infracciones de tránsito mediante la intervención de abogados, funcionarios y jueces de faltas. Aquel expediente ya tuvo consecuencias políticas de peso, entre ellas la salida del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, vinculado al armado del Frente Renovador dentro del gobierno de Axel Kicillof.
Desde el fuero penal platense aclararon que la denuncia de Camani contra Tapia tramita como causa independiente, aunque el telón de fondo es el mismo: un esquema de recaudación por infracciones de tránsito cuestionado por su escasa transparencia, concesiones poco claras y controles fragmentados entre municipios y Provincia.
Denuncias cruzadas y disputa por el negocio de los radares
La ofensiva judicial de Camani llegó días después de que el propio Tapia lo denunciara penalmente por presunta extorsión. En esa causa también fueron señalados el concejal de Pilar Matías Yofe y el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso. La presentación, patrocinada por el abogado Gregorio Dalbón, sostiene que las acusaciones contra Tapia serían en realidad una respuesta a la caída de un negocio ligado a la expansión de las fotomultas.
De acuerdo con la versión del titular de la AFA y CEAMSE, Camani habría intentado ampliar su participación en el control de velocidad sobre el Camino del Buen Ayre y, frente a la negativa, habría recurrido a intermediarios para presionar con denuncias penales y campañas de desprestigio. El empresario niega ese relato y asegura que la suspensión de los radares le provocó un daño económico directo, al tiempo que insiste en que la medida se tomó sin acto administrativo previo.
- La fiscalía de Álvaro Garganta concentra la megacausa de las fotomultas y la nueva denuncia.
- Camani y Secutrans figuran en expedientes vinculados a allanamientos, contratos y operación de cinemómetros.
- Tapia y el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, enfrentan causas por supuestas irregularidades fiscales y patrimoniales.
Un sistema millonario con reglas difusas
El enfrentamiento entre Camani y Tapia vuelve a exponer las zonas grises del negocio de las fotomultas en territorio bonaerense. Distintas investigaciones, tanto periodísticas como judiciales, vienen señalando desde hace años que la red de radares y cinemómetros se convirtió en una fuente de ingresos relevante para municipios y empresas privadas, con criterios de ubicación y funcionamiento que muchas veces son cuestionados por automovilistas, especialistas en seguridad vial y organizaciones de consumidores.
En varios tramos de la megacausa, el rol de Camani dentro del sistema quedó bajo la lupa: pasó de presentarse como particular damnificado a perder peso procesal, un dato que alimentó dudas sobre su verdadera posición en el entramado. Paralelamente, sobre Tapia pesan investigaciones por presunto uso de facturas apócrifas, aportes laborales impagos y posibles maniobras de lavado de activos, aunque en todos los frentes judiciales el avance es lento y sin definiciones firmes.
En la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Tapia, Camani se limita a señalar un crecimiento patrimonial que considera desproporcionado, sin acompañar por ahora documentación que lo respalde.
Mientras los expedientes se acumulan y la puja de poder escala, el sistema de fotomultas sigue activo en gran parte de la provincia, con reglas poco claras para los conductores, contratos bajo revisión y un escenario de alta conflictividad judicial donde se cruzan intereses políticos, económicos y empresariales.
