Récord histórico de población carcelaria abre una alerta por sobrecupo.
Argentina atraviesa el nivel de encarcelamiento más alto de su historia reciente. De acuerdo con el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), publicado en enero de 2026, al 31 de diciembre de 2024 había 121.443 personas privadas de libertad en el sistema penitenciario del país. Esto equivale a una tasa de 258 presos cada 100.000 habitantes, el registro más elevado desde que se tienen estadísticas sistemáticas.
El informe detalla que el crecimiento del encierro viene siendo sostenido desde hace 25 años, con un incremento promedio anual del 6 %. Solo en 2020, en plena pandemia de Covid-19, se registró una baja coyuntural. Sin embargo, en 2024 la curva volvió a acelerarse: el aumento de la población carcelaria fue del 7,1 %, por encima de la tendencia histórica.
El CNPT advierte que, pese a la ampliación de plazas en distintos servicios penitenciarios, el sistema funciona a un 130,2 % de su capacidad. En términos concretos, allí donde hay lugar para 100 personas, hoy se alojan 130. Esta sobrepoblación impacta en las condiciones de detención, el acceso a la salud, la posibilidad de estudiar o trabajar y el nivel de violencia intramuros.
Provincias con mayor tasa de presos y expansión desigual
El crecimiento del encarcelamiento no se da de forma homogénea. Según el relevamiento, cinco jurisdicciones superan con creces la media nacional. Córdoba encabeza la lista con casi 377 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Le siguen Mendoza (308), la provincia de Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267). En todas ellas, la capacidad de alojamiento quedó rápidamente desbordada.
En la última década, la cantidad de personas alojadas en cárceles del país se incrementó un 67,7 %, aunque con marcadas diferencias entre provincias. Santa Fe muestra el salto más pronunciado, con un aumento del 244,8 % en su población penitenciaria entre 2015 y 2024. Santiago del Estero y Córdoba también duplicaron largamente sus niveles de encarcelamiento, con subas del 138,2 % y 116,6 %, respectivamente.
El informe destaca que en 2024 varios gobiernos provinciales –entre ellos Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán– avanzaron en la construcción o ampliación de unidades penales. No obstante, esa expansión de infraestructura no se tradujo en una reducción de la sobrepoblación, sino que acompañó el incremento de personas detenidas.
Traslado desde comisarías y situación procesal
Una parte significativa de las nuevas plazas fue ocupada por personas que se encontraban alojadas en comisarías y dependencias policiales. De acuerdo con el CNPT, este corrimiento hacia establecimientos penitenciarios formales contribuyó al aumento del encarcelamiento global, pero no alcanzó para disminuir de manera sensible la cantidad de detenidos en el ámbito policial, que apenas se estabilizó.
Otro aspecto central del diagnóstico es la situación procesal de la población privada de libertad. A nivel nacional, el 62 % de las personas detenidas tiene condena firme, mientras que el 37,3 % permanece procesada, es decir, sin sentencia definitiva. Las diferencias entre jurisdicciones son marcadas: Neuquén presenta el porcentaje más alto de condenados, con un 99,6 %, seguida por Chaco, Chubut y San Juan, todas con más del 90 % de su población carcelaria con condena.
En el otro extremo, varias provincias superan la media nacional de personas encarceladas sin condena. Formosa registra un 51 % de detenidos procesados, Córdoba un 49 %, Buenos Aires un 43 % y Misiones un 39 %. Estos niveles reavivan el debate sobre el uso extendido de la prisión preventiva y los tiempos de respuesta del sistema judicial.
Delitos más frecuentes y desafíos pendientes
En cuanto a los tipos de delitos, el CNPT señala que casi cuatro de cada diez personas encarceladas lo están por delitos contra la propiedad, que representan el 36,4 % del total. Les siguen los delitos contra las personas (21,7 %) y los delitos contra la integridad sexual (20,5 %). Esta distribución refuerza el peso de los conflictos vinculados a la seguridad ciudadana en la agenda pública y en la política criminal argentina.
- 258 presos cada 100.000 habitantes, la tasa más alta desde que hay registros.
- El sistema penitenciario opera al 130,2 % de su capacidad formal.
- Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero duplicaron su población carcelaria en una década.
- El 37,3 % de las personas detenidas no tiene condena firme.
“Buena parte de esos nuevos centros penitenciarios recibieron a personas que estaban alojadas en comisarías. Esto generó un aumento del encarcelamiento, pero no logró reducir la cantidad de personas detenidas en el ámbito policial”, señala el CNPT.
Especialistas advierten que el récord histórico de encarcelamiento plantea desafíos urgentes en términos de derechos humanos, acceso a la justicia y políticas de prevención del delito. El organismo de control recomienda revisar el uso de la prisión preventiva, fortalecer los mecanismos de control externo de los lugares de detención y avanzar en alternativas al encierro para delitos de menor gravedad, con el objetivo de reducir la sobrepoblación y mejorar las condiciones de vida en las cárceles argentinas.
