Costa Rica vota entre mano dura y temor al giro autoritario.
Costa Rica celebra este domingo una de las elecciones más determinantes de su historia reciente, con 3,7 millones de personas habilitadas para elegir presidente en un clima de fuerte preocupación por el avance del narcotráfico y la violencia. El país centroamericano, tradicionalmente presentado como un oasis de estabilidad democrática en la región, enfrenta el dilema entre una promesa de mano dura y el temor a un posible viraje autoritario.
La gran favorita en los sondeos es la oficialista Laura Fernández, politóloga conservadora de 39 años y heredera política del actual mandatario Rodrigo Chaves. La candidata logró capitalizar el malestar social ante el crecimiento del crimen organizado y construyó su campaña sobre una propuesta de choque contra la delincuencia, que incluye la construcción de una megaprisión inspirada en el modelo aplicado por Nayib Bukele en El Salvador.
Durante el cierre de campaña, Fernández se mostró confiada en un respaldo masivo en las urnas y en lograr también dominio legislativo. “Vamos a ganar en primera ronda y lo haremos con 40 diputados”, afirmó, aludiendo a la mayoría necesaria para impulsar reformas profundas en la Constitución y rediseñar el funcionamiento de los poderes del Estado, algo que encendió alarmas en sectores opositores y organismos de derechos humanos.
El escenario electoral aparece fuertemente polarizado. De un lado, el oficialismo promete seguridad, endurecimiento de penas y un paquete de medidas excepcionales para enfrentar al narcotráfico. Del otro, dirigentes opositores, académicos y organizaciones sociales advierten que un esquema de control extremo podría erosionar las garantías civiles y los equilibrios institucionales que caracterizaron a Costa Rica durante décadas.
Rivales en disputa y el peso del voto indeciso
El principal competidor de Fernández es Álvaro Ramos, candidato del histórico Partido de Liberación Nacional (PLN), quien aparece segundo en las encuestas. Desde esa posición, cuestiona la lógica punitivista del oficialismo y busca marcar distancia con las políticas de “mano dura” que ganaron protagonismo en la región. “No hay que encerrar a la gente por estar tatuados”, remarcó, en alusión a los métodos de criminalización masiva aplicados en otros países latinoamericanos.
De acuerdo con un estudio de la Universidad de Costa Rica, la candidata oficialista encabeza la intención de voto con alrededor del 44%. Ese porcentaje, de confirmarse en las urnas, le permitiría evitar un eventual ballottage siempre que supere el umbral del 40%. Sin embargo, el peso del 26% de electores que aún se mantienen indecisos mantiene abierto el interrogante sobre una segunda vuelta.
En tercer lugar se ubica la centroizquierda, representada por la arquitecta y ex primera dama Claudia Dobles, referente de la Coalición Agenda Ciudadana. Su campaña se apoya en un enfoque integral de seguridad, que combina prevención social con mejoras en la justicia y fortalecimiento institucional. En sus últimas actividades en San José, Dobles subrayó la urgencia de combatir el reclutamiento de menores por parte de bandas narco y ampliar las oportunidades educativas y laborales para los jóvenes.
Democracia, seguridad y observación internacional
La presencia de observadores internacionales y el rol del Tribunal Supremo de Elecciones se convirtieron también en un factor central para reforzar la confianza en el proceso. Dobles destacó que su reunión con las misiones de acompañamiento fue “muy productiva” y ratificó su apoyo al organismo electoral, considerado uno de los más sólidos de América Latina.
- Una favorita clara, con promesa de mano dura y reformas profundas.
- Una oposición que advierte sobre riesgos autoritarios y defiende las garantías democráticas.
- Un alto porcentaje de indecisos que puede definir si hay o no segunda vuelta.
La elección se desarrolla en un contexto regional donde el éxito de políticas de seguridad de choque, como las de El Salvador, impacta de lleno en los debates internos de otros países y abre la discusión sobre los límites entre orden y autoritarismo.
Mientras se aguardan los resultados oficiales, el desenlace en Costa Rica será observado de cerca por gobiernos, analistas y organismos internacionales, en un momento en que la región busca respuestas frente al avance del narcotráfico sin resignar sus tradiciones democráticas ni sus marcos de derechos humanos.
