Crece la polémica en Nucleoeléctrica por deuda saldada y manejos irregulares
NewsITe
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, volvió a quedar bajo la lupa tras revelarse que su presidente habría cancelado deudas personales por unos 825 millones de pesos en apenas 18 días, en un contexto de fuertes cuestionamientos por presuntos sobreprecios y maniobras irregulares en contrataciones.
La información surge de una investigación del portal El Disenso, basada en reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según esos documentos, hasta mediados de enero el funcionario figuraba en una situación de “alto riesgo de insolvencia” en el sistema financiero, pero en menos de tres semanas habría logrado eliminar el total de sus pasivos con el Banco Macro, por un monto equivalente a más de 80 sueldos netos de su puesto en la compañía.
La rápida cancelación de esas obligaciones personales coincide con un período en el que NA-SA acumuló adjudicaciones por alrededor de 20.417 millones de pesos, en el marco de una gestión cuestionada por la falta de transparencia y posibles direccionamientos en licitaciones. Fuentes vinculadas a la operatoria interna de la empresa sostienen que existiría un esquema de pagos condicionado al presunto cobro de comisiones previas.
De acuerdo a esos testimonios, “se rumorea que los pagos a proveedores solo se efectúan luego del adelanto de una comisión del 5% del contrato”. Si se aplicara ese porcentaje al volumen total de las contrataciones mencionadas, el monto potencial involucrado rondaría los mil millones de pesos, una cifra que refuerza los reclamos por controles externos e investigaciones exhaustivas.
Crisis interna y licitaciones bajo la lupa
En paralelo a las sospechas financieras, NA-SA atraviesa una crisis de gobernanza. En las últimas semanas fueron desplazados el gerente general, Marcelo Famá, y el responsable de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos considerados hombres de estrecha confianza de la presidencia. Las salidas se produjeron en medio de actuaciones del comité de integridad de la empresa, que analiza posibles direccionamientos de licitaciones clave.
Uno de los casos más sensibles es el proyecto de migración del sistema informático SAP a HANA. De acuerdo con la información recopilada, el plan tenía inicialmente un presupuesto estimado en 600.000 dólares, pero terminó adjudicado por unos 7 millones de dólares, lo que absorbió prácticamente toda la partida anual destinada al área de Tecnología de la Información.
Otro frente de conflicto gira en torno a pliegos que habrían sido diseñados “a medida”. Entre ellos se menciona la licitación del servicio de limpieza, adjudicada a la firma LX Argentina, con sobreprecios calculados en torno al 140%. También se cuestiona la contratación de servicios de pintura epoxi, cuyos requisitos técnicos habrían sido tan específicos que solo una empresa del país, Consulper SA, podía cumplirlos.
En este escenario, diferentes voces dentro y fuera de la compañía reclaman la intervención de auditorías externas, alineadas con el discurso oficial que se repite desde el propio Poder Ejecutivo: “El que se opone a las auditorías, es porque es chorro”. Mientras tanto, el caso suma capítulos y abre interrogantes sobre el uso de fondos públicos en uno de los sectores estratégicos de la matriz energética argentina.
