Guerra política por el costo de patentar autos en la Ciudad
Un nuevo frente de conflicto se abrió entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires a partir de la difusión de un ranking oficial que ubica al distrito porteño como el más caro del país para patentar un automóvil. La polémica, que combina técnica impositiva y disputa política, impacta de lleno en los bolsillos de los contribuyentes y en el debate por la presión fiscal.
El cruce se originó luego de que la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, publicara un esquema de costos por jurisdicción. Según esos datos, la Ciudad de Buenos Aires aparece al tope del listado, con alícuotas que, de acuerdo al Gobierno nacional, pueden rozar el 6% del valor del vehículo. Detrás se ubicarían la provincia de Buenos Aires, con un 4,7%, y Tierra del Fuego, con un 4%.
Desde la cartera de Justicia defendieron la metodología empleada y aseguraron que se utilizó una tabla de valuaciones “real y transparente”, basada en precios de mercado. “Elaboramos una tabla de valuación oficial con valores reales y transparentes de mercado, sin inflaciones artificiales”, señalaron fuentes oficiales, que apuntaron directamente a la administración porteña: “Un ejemplo claro es la Ciudad de Buenos Aires, que optó por una valuación mucho más cara, perjudicando directamente a los contribuyentes”.
La respuesta del Gobierno porteño llegó con rapidez a través de los canales oficiales en redes sociales. “Falso. En la Ciudad de Buenos Aires, la alícuota promedio ponderada de patentes es del 2,5%”, replicaron desde la cuenta de Buenos Aires Ciudad, rechazando que el distrito sea el más caro del país y cuestionando los parámetros elegidos por Nación para elaborar el ranking.
Quejas de contribuyentes y cambios en las valuaciones
El enfrentamiento se produce en un contexto de fuerte malestar de los usuarios por los aumentos percibidos en el impuesto a las patentes. En las últimas semanas se registraron reclamos de contribuyentes que denunciaron subas cercanas al 100% respecto del año anterior, luego de la actualización de las valuaciones fiscales sobre las que se calcula el tributo automotor.
Ante ese escenario, el Gobierno porteño impulsó un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad con el objetivo de ponerle un tope a los incrementos futuros. La iniciativa propone que, a partir de 2025, cualquier aumento del impuesto a las patentes no pueda superar la inflación del año previo, medida por el índice oficial de precios. Desde la administración de la Ciudad aseguran que la medida apunta a dar previsibilidad y alivio a los propietarios de vehículos.
Funcionarios porteños remarcaron además que no se modificó la alícuota del impuesto, sino que el salto en los montos responde al cambio de tabla de valuación: se dejó de utilizar la referencia de la DNRPA y se adoptaron los valores de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que reflejan precios más altos del mercado automotor.
Dos modelos enfrentados para calcular el impuesto
Mientras tanto, el Gobierno nacional insiste en invitar a las provincias y a la Ciudad a utilizar su esquema de valuaciones, al que describe como “el más económico y el que más beneficia a los argentinos”. La discusión, de fondo, gira en torno a quién fija el parámetro de valor de los vehículos y cuánto margen tienen los distritos para ajustar esos montos en un contexto inflacionario.
- La Nación sostiene que CABA aplica valores sobredimensionados que derivan en una carga fiscal excesiva.
- La Ciudad afirma que mantiene una alícuota promedio del 2,5% y que la suba percibida se debe al sinceramiento de las valuaciones según los precios del mercado automotor.
- Los contribuyentes quedan atrapados entre dos metodologías distintas, mientras intentan prever cuánto pagarán por sus autos en los próximos años.
“En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”, subrayaron desde el Gobierno porteño al defender el proyecto que limita los aumentos del impuesto a las patentes.
La “guerra de patentes” suma así un nuevo capítulo a la tensión política entre Nación y Ciudad, con un componente central: la disputa por la recaudación y el impacto directo de las decisiones fiscales sobre el presupuesto de los hogares argentinos.
