Investigan la muerte de un detenido trasladado a un hospital salteño
NewsITe
La Justicia de Salta acusará formalmente a siete personas por la muerte de un hombre que se encontraba detenido y había sido trasladado a un hospital de la localidad de Joaquín V. González, en el centro de la provincia. El caso vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de custodia y atención médica de personas privadas de la libertad.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal salteño, el interno estaba alojado en una dependencia policial por una causa de presunto abuso sexual en perjuicio de una menor de edad. En ese contexto, fue derivado a un nosocomio local para realizarse un chequeo médico de rutina. Durante esa internación, se produjo su muerte en circunstancias que ahora son materia de investigación.
La audiencia imputativa fue fijada para este sábado 31 de enero en sede judicial. Allí, la fiscal penal María Celeste García Pisacic, a cargo de la investigación, presentará la acusación formal contra los siete sospechosos vinculados al fallecimiento del recluso. Se espera que en esa instancia se detalle el rol que habría tenido cada uno de los involucrados, así como el encuadre legal de los cargos.
Fuentes judiciales señalaron que, como ocurre en este tipo de casos, el expediente se encuentra bajo secreto parcial para resguardar tanto la investigación como la identidad de la víctima y de los imputados. Sin embargo, trascendió que la pesquisa apunta a determinar si hubo exceso en el uso de la fuerza, negligencia en la atención médica o fallas en los protocolos de custodia.
Peritajes y análisis de cámaras de seguridad
En el marco de la causa intervino personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que llevó adelante diversas diligencias para reconstruir las últimas horas del detenido. Entre las medidas ordenadas por la fiscal se encuentran inspecciones oculares en el hospital, el relevamiento de historias clínicas y el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento.
- Inspecciones en las áreas donde estuvo alojado el interno.
- Revisión de registros de ingreso y egreso de personal de seguridad y sanitario.
- Pericias técnicas sobre elementos secuestrados en el lugar.
- Análisis de imágenes de videovigilancia internas y externas.
Además, se realizó la correspondiente autopsia médico-legal para establecer con precisión la causa de la muerte y descartar o confirmar la participación de terceros. Estos resultados serán claves a la hora de sostener la acusación fiscal y definir eventuales responsabilidades penales.
Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que se trabaja para esclarecer el hecho y garantizar que la muerte del detenido no quede impune, en un marco de respeto a los derechos humanos y a las garantías procesales.
El caso se suma a otros episodios ocurridos en el país que reabren el debate sobre el trato a las personas privadas de libertad durante traslados y atenciones médicas. Organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de fortalecer los controles internos y externos sobre las fuerzas de seguridad, así como de garantizar protocolos claros de actuación en hospitales y centros de salud cuando intervienen pacientes que están bajo custodia judicial.
En los próximos días, tras la audiencia de imputación, se conocerán nuevos detalles sobre el avance de la causa y las eventuales medidas que pueda disponer la Justicia salteña, como pedidos de detención, restricciones o citaciones a declaración indagatoria de los acusados.
