Funcionarios del BCRA cuestionan la causa por el “dólar barato”
NewsITe
Dos funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el inspector jefe Diego Volcic y la supervisora María Valeria Fernández, presentaron pedidos de nulidad contra los allanamientos realizados en sus domicilios en el marco de la causa que investiga un millonario esquema vinculado al “dólar blue” y el acceso a divisas a tipo de cambio oficial.
Las defensas de ambos apuntan a deslegitimar las pruebas que dieron origen al expediente, en particular el testimonio del arrepentido Carlos “Lobo” Smith y una serie de audios que describen presuntas complicidades dentro del BCRA. Los planteos serán analizados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a partir del próximo lunes, una vez concluida la feria judicial.
Los abogados sostienen que la causa se inició de manera irregular. Argumentan que Smith no habría participado directamente de las maniobras financieras investigadas, sino que estaría vinculado a un supuesto armado de una causa por drogas y armas contra el financista Francisco Hauque. En ese contexto, cuestionan que su declaración se haya utilizado como punto de partida para avanzar sobre funcionarios del Banco Central.
Discusión por audios y medidas de prueba
Uno de los ejes centrales del reclamo es la validez de una grabación en la que la inspectora García habría reconocido que “había gente arriba entongada”. Según las defensas, la integridad del archivo no fue sometida a un peritaje exhaustivo, por lo que piden que se descarte como prueba y, en consecuencia, se caigan las medidas derivadas de ella.
En la misma línea, Volcic y Fernández califican de “desproporcionados” los allanamientos en sus viviendas y el secuestro de celulares, computadoras y otros dispositivos personales. Aseguran que esas decisiones se tomaron sobre la base de indicios “débiles” y sin una justificación sólida que las respalde, lo que, a su entender, vulnera garantías constitucionales.
La trama financiera detrás del caso
La investigación judicial intenta reconstruir cómo un grupo de financistas habría logrado perforar el cepo cambiario entre 2022 y 2023 para acceder a dólares a precio oficial y revenderlos en el mercado paralelo. En el centro de la escena aparecen los nombres de Piccirillo, Hauque y Migueles, señalados como socios en un entramado que combinaba operaciones financieras y contactos en el Estado.
De acuerdo con la hipótesis principal, la falta de controles del BCRA no habría sido fruto de la negligencia, sino parte de un “servicio” presuntamente pagado por los financistas, tal como surge del testimonio del arrepentido Smith. En los audios que ahora se intentan excluir del expediente, se menciona que Hauque habría presionado a funcionarios para mantener activo el flujo de divisas, con la amenaza de revelar quiénes eran los directivos de la gestión anterior que recibían retornos.
Mientras se define el futuro procesal de los dispositivos secuestrados, considerados clave para rastrear posibles vínculos políticos y económicos, el Banco Central mantiene en marcha sumarios internos contra los cinco empleados implicados. Pese a la gravedad de las acusaciones, todos continúan formalmente en sus cargos, a la espera de lo que resuelvan tanto la justicia federal como las instancias administrativas del propio organismo.
