La justicia pone bajo la lupa complicidades en el Banco Central
NewsITe
La justicia federal avanza sobre una de las investigaciones financieras más sensibles de los últimos años, vinculada a un supuesto esquema millonario con el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández. El caso, que combina confesiones de arrepentidos, audios filtrados y presuntas maniobras en cuevas financieras, apunta ahora a determinar el nivel de responsabilidad de funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El expediente está en manos del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, quienes tienen bajo investigación a cinco funcionarios de jerarquía del BCRA. Todos continúan en sus cargos pero están sometidos a un sumario interno y con sus teléfonos y computadoras secuestrados por orden judicial. Se trata de Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández, según trascendió en ámbitos judiciales.
Los investigadores intentan establecer si, desde áreas sensibles del Banco Central, se ofreció cobertura o se permitió la operatoria irregular de un circuito que habría aprovechado el acceso a dólares a tipo de cambio oficial para revenderlos en el mercado informal, con ganancias multimillonarias.
Audios comprometedores y la trama del “rulo” financiero
La causa tomó impulso a partir de las conversaciones grabadas entre los financistas Elías Piccirillo, ex marido de la conductora Jésica Cirio, y Francisco Hauque. En esos diálogos, que ya forman parte del expediente, ambos discuten sobre operaciones ilegales por montos millonarios y dejan entrever una operatoria sostenida en el tiempo.
De acuerdo con la investigación, Hauque le reclama a Piccirillo una deuda de alrededor de seis millones de dólares en concepto de ganancias no pagadas. Ante la negativa, habría amenazado con exponer el entramado ante las nuevas autoridades nacionales, lo que explicaría parte de las tensiones internas que hoy salen a la luz.
En otra de las grabaciones, la inspectora del BCRA Romina García reconoce ante Piccirillo que, durante la gestión anterior, se elevaron denuncias internas por supuestas irregularidades que nunca prosperaron. Según surge del audio, la explicación sería la existencia de “gente de arriba toda entongada”, una frase que la justicia ahora intenta contextualizar y verificar a través de peritajes y cruces de información.
Del circuito de cuevas al lujo y bienes de alto valor
La hipótesis principal de los investigadores es que una red de financistas habría accedido a dólares al tipo de cambio oficial mediante mecanismos fraudulentos o triangulaciones con empresas, para luego volcar esos fondos al mercado paralelo. La diferencia entre ambos precios habría generado rentas extraordinarias, en un contexto de fuerte cepo cambiario y restricciones para el resto de la población.
- Compra de vehículos de alta gama y autos de colección.
- Adquisición de relojes de lujo, entre ellos marcas como Rolex.
- Inversiones en propiedades en balnearios exclusivos, como Pinamar.
En este marco, también se analiza una propiedad que Piccirillo habría transferido a nombre de Jésica Cirio apenas dos días antes de su casamiento. Ese bien inmueble fue incorporado a la investigación para determinar si su origen se vincula con las maniobras bajo sospecha.
Otro punto relevante es el rol del policía Carlos Sebastián Smith, quien se presentó como arrepentido. De acuerdo con su testimonio, habría colaborado con Piccirillo en un intento de amedrentar a Hauque mediante el presunto armado de una causa, plantándole armas y drogas para forzar su silencio.
Conexión de causas y el rol del Banco Central
Mientras el juzgado de Casanello analiza el contenido de pendrives aportados por Smith, la jueza federal María Servini instruye desde 2023 una causa paralela por maniobras similares. Las dos investigaciones podrían confluir si se confirma que responden a una misma organización delictiva dedicada a explotar la brecha cambiaria.
En paralelo, el Banco Central abrió un sumario administrativo para determinar si los funcionarios mencionados violaron el Código de Ética y si, desde el organismo, se omitió actuar frente a señales de alerta. La apertura y análisis de los teléfonos y computadoras secuestrados será clave para reconstruir la cadena de responsabilidades y establecer si existieron “jefes políticos” que habrían dado cobertura a la operatoria.
En un contexto de fuerte tensión cambiaria y restricciones para el acceso a dólares, la causa se transformó en un caso testigo sobre cómo la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo puede derivar en circuitos de corrupción y connivencia estatal.
Con nuevas pericias en marcha y la posibilidad de que se acumulen expedientes, el expediente promete seguir marcando la agenda judicial y política. El avance de la investigación definirá no solo el futuro de los implicados, sino también el alcance institucional del caso dentro del Banco Central.
