La medida fue dispuesta por DNU y alcanza también a organismos de control provinciales.
El Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, estableció la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado provincial y para los organismos de control, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) oficializado este martes.
Al justificar la decisión, el mandatario sostuvo: “La función pública exige idoneidad y aptitud moral”, y señaló que la iniciativa apunta “a fortalecer una gestión pública transparente, responsable y acorde a la confianza que los salteños depositan en sus instituciones”.
En el texto del DNU, Sáenz remarcó: “La función pública exige idoneidad y aptitud moral. Ejercer un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad”. En ese marco, advirtió que “quien no esté en condiciones de cumplir con estos estándares deberá asumir las consecuencias previstas en la Constitución Provincial y en las normas vigentes, incluyendo, de corresponder, la remoción del cargo”.
Por último, el gobernador afirmó: “Gobernar es tomar decisiones firmes, con responsabilidad y respeto por las instituciones”.
La disposición se conoció luego de que, en noviembre pasado, la Cámara de Diputados de Salta rechazara un pedido del legislador Juan Esteban Romero para tratar sobre tablas la obligatoriedad de narcotests a funcionarios públicos.
Antecedentes en otras provincias
La implementación de exámenes toxicológicos obligatorios ya cuenta con antecedentes recientes en otras jurisdicciones. A mediados de 2025, la provincia de Santa Fe puso en marcha esta modalidad para integrantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios provinciales. En ese contexto, el primer test se lo realizó el propio gobernador Maximiliano Pullaro, tras anunciar la medida.
En Santa Fe, los exámenes se realizan de manera sorpresiva, periódica y no anunciada, y están a cargo de laboratorios externos. Los resultados se entregan en sobres cerrados a los superiores jerárquicos, en una cadena administrativa que culmina en el gobernador.
Al presentar la iniciativa, el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, explicó: “Los tests se harán mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología y consisten en un hisopado bucal que detecta varias sustancias”.
Un año antes, en 2024, la provincia de San Luis también avanzó en el mismo sentido. El gobernador Claudio Poggi firmó un decreto que estableció la obligatoriedad de los narcotests para integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La normativa dispuso que los controles sean anuales y aleatorios, e incluyó al propio gobernador y a su Gabinete.
