Orden judicial ante la crisis de agua y hacinamiento
NewsITe
El Juzgado de Garantías Nº 2 de La Matanza dispuso la suspensión de nuevos ingresos a la Unidad Penal Nº 43 de González Catán, en el marco de una grave crisis por falta de agua potable y sobrepoblación. La medida se adoptó tras una acción de hábeas corpus colectivo presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que alertó sobre el deterioro de las condiciones materiales de detención.
De acuerdo con la presentación encabezada por el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, el establecimiento penitenciario atraviesa deficiencias vinculadas al sistema hidráulico y al suministro de agua, a lo que se suma un nivel de hacinamiento calificado como crítico. El organismo viene realizando inspecciones sorpresivas semanales en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde registra y documenta estas irregularidades.
En respuesta al planteo, el juez Ricardo Tripaldi ordenó a la Dirección de Infraestructura Edilicia del Servicio Penitenciario Bonaerense un relevamiento detallado del estado de las redes de agua de la Unidad 43. A la vez, exigió al director del penal un informe preciso sobre el cupo máximo operativo, el número real de personas detenidas, los sectores sin provisión de agua, las medidas paliativas implementadas y los planes de reparación en curso.
Según la información oficial elevada al juzgado, los problemas con el agua se originaron en abril de 2024, cuando se detectaron fallas en una de las bombas sumergibles. Aunque este equipo fue reparado recién en 2025, la intervención generó un impacto negativo sobre la otra bomba, que aún no fue puesta nuevamente en funcionamiento, lo que redujo la capacidad general de abastecimiento del establecimiento.
Hacinamiento extremo y medidas urgentes
El cuadro se agrava por la sobrepoblación: la Unidad 43 aloja actualmente alrededor de 1.300 personas privadas de la libertad, pese a que el cupo habilitado es de solo 478 plazas. Esto implica casi triplicar la capacidad original del penal, con consecuencias directas sobre la infraestructura, el acceso al agua, la higiene y la salud de los internos.
Frente a este escenario, el juez Tripaldi hizo lugar al hábeas corpus correctivo al considerar que existe un riesgo concreto de agravamiento de las condiciones de detención, prohibido por la legislación vigente y por los estándares de derechos humanos. En consecuencia, ordenó la prohibición de nuevos ingresos y alojamientos en la Unidad 43 por un plazo de 30 días.
- Prohibición de ingreso de nuevos detenidos durante un mes.
- Obras urgentes para reparar y reacondicionar las bombas de agua.
- Informe detallado sobre cupo, población real y sectores afectados.
- Seguimiento de la Comisión Provincial por la Memoria mediante inspecciones semanales.
La medida busca evitar el agravamiento de las condiciones de detención en un penal con hacinamiento extremo y graves fallas en el acceso al agua potable.
El Servicio Penitenciario Bonaerense deberá ahora ejecutar de forma urgente las obras necesarias para restablecer el funcionamiento óptimo de las dos bombas de agua y garantizar el suministro en toda la red interna. En paralelo, la CPM continuará monitoreando la situación en la Unidad 43 y en otras cárceles de la provincia, mientras avanza el debate sobre la crisis estructural del sistema penitenciario bonaerense y la necesidad de políticas de fondo para reducir el hacinamiento.
