CAME presiona para aliviar el impacto fiscal sobre pymes
NewsITe
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevó una propuesta formal al ministro de Economía, Luis Caputo, para que instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a reducir de manera significativa las multas previstas en la recientemente aprobada Ley de Inocencia Fiscal. La entidad empresaria advirtió que el esquema sancionatorio vigente amenaza la sostenibilidad financiera de miles de pequeñas y medianas empresas en todo el país.
El planteo fue canalizado a través de una carta en la que CAME solicita que se dicten normas complementarias que permitan morigerar el peso de las sanciones económicas. Según la organización, la escala de multas fijada por la ley no contempla de forma adecuada la capacidad contributiva de los distintos tipos de contribuyentes, especialmente en el entramado pyme federal.
En el documento, CAME remarca que, en el marco de las facultades que le otorga la Ley de Ministerios, Caputo puede impartir instrucciones a ARCA, organismo conducido por Andrés Vásquez, para avanzar con una reducción porcentual de los importes. El pedido apunta en particular a los artículos que regulan el régimen sancionatorio de la Ley de Inocencia Fiscal y que fueron modificados respecto de la normativa anterior.
La propuesta enviada al Palacio de Hacienda incluye una reformulación de los montos de las multas contemplados en los artículos 38, el artículo sin número posterior al 38, el 39 y los artículos primero y segundo sin número incorporados a continuación del 39. El objetivo central es evitar que las sanciones se conviertan en un factor de estrangulamiento para las pymes y emprendedores de todo el país.
Reducción escalonada según el tipo de contribuyente
Según trascendió, la entidad que preside Ricardo Diab elaboró un esquema de alivio diferenciado según el tamaño del contribuyente. La intención es que quienes tienen menor espalda financiera reciban la mayor reducción de multas, mientras que las empresas más grandes mantengan un nivel de sanciones más cercano al previsto originalmente.
- Microempresas y personas humanas que no sean consideradas “grandes contribuyentes individuales”: reducción del 90% en los montos de las multas.
- Pequeñas empresas: reducción del 70% respecto de los valores establecidos por la ley vigente.
- Medianas Empresas Tramo I: disminución del 40% en las sanciones.
- Medianas Empresas Tramo II: recorte del 20% sobre los importes originales.
De acuerdo con CAME, este esquema permitiría compatibilizar los objetivos de control y cumplimiento fiscal del Estado con la necesidad de preservar el tejido productivo pyme, que aporta la mayor parte del empleo privado formal en la Argentina.
Multas más altas y críticas del sector pyme
El reclamo de la entidad empresaria se concentra en el fuerte incremento de las multas previsto por la Ley de Inocencia Fiscal. Según especialistas tributarios, los montos llegaron a multiplicarse hasta por 1.100 veces en relación con los valores anteriores, lo que configura un salto sin precedentes en materia sancionatoria.
En el caso de las personas humanas, las sanciones pueden alcanzar aproximadamente los 5 millones de pesos, mientras que para las personas jurídicas los importes equivalen o superan los 10 millones de pesos. Para CAME, esta escala resulta desproporcionada frente a la realidad económica de muchas pymes que aún arrastran las consecuencias de la recesión y la alta inflación.
“Nuestro objetivo es preservar el entramado pyme federal y promover su desarrollo, evitando que un régimen de multas desmedido termine expulsando a contribuyentes del sistema formal”, señalaron desde la entidad en la nota enviada al Ministerio de Economía.
Este es el segundo pedido formal que CAME presenta ante el Gobierno en relación con la Ley de Inocencia Fiscal. El primero, enviado el 26 de diciembre, ya advertía sobre el nivel de las multas y su posible impacto negativo en la pequeña y mediana empresa. Ahora, el planteo se focaliza en una propuesta concreta de reducción segmentada.
Qué cambia con la Ley de Inocencia Fiscal
La norma impulsada por el Gobierno introduce modificaciones profundas en el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), en los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y en el Código Civil y Comercial de la Nación. Además, crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada y un Régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias, con la promesa oficial de brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes que adhieran.
Este nuevo régimen contempla un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder ingresar y establece que quienes se encuadren en él no deberán informar variaciones patrimoniales, ni estarán sujetos a controles sobre sus consumos. El Ejecutivo sostiene que esto les otorgará a los contribuyentes una suerte de “blindaje permanente” frente a futuras verificaciones sobre el origen de sus fondos.
Al mismo tiempo, la ley eleva los montos mínimos para tipificar delitos de evasión. El piso para considerar la evasión simple pasa de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que la evasión agravada sólo se configurará cuando el monto supere los 1.000 millones de pesos, en lugar de los 15 millones previos. En este contexto, la discusión sobre el nivel de multas se vuelve central para el mundo pyme, que reclama un esquema sancionatorio compatible con su capacidad económica y con la necesidad de sostener el empleo formal.
