El Gobierno refuerza la inversión en infraestructura judicial
NewsITe
El Poder Judicial de la Nación contará en 2026 con un fuerte refuerzo presupuestario para bienes de uso, lo que se traduce en más recursos para equipamiento, infraestructura y tecnología en tribunales de todo el país. La medida fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 1/2026 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial.
De acuerdo con la información difundida por el Consejo de la Magistratura de la Nación, el monto asignado al inciso 4 del presupuesto —correspondiente a bienes de uso— asciende a $28.973.850.716. Este refuerzo implica un incremento del 280% respecto de lo que estaba previsto originalmente en la Ley de Presupuesto N° 27.798, y se alinea con las proyecciones que el propio organismo había elevado para el ejercicio 2026.
El Plenario del Consejo de la Magistratura había aprobado el 27 de agosto pasado, por amplia mayoría (15 votos afirmativos), el presupuesto general del Poder Judicial para 2026, que totaliza $2.007.943.778.229. Dentro de esa planificación, el capítulo destinado a bienes de uso se consideraba clave para afrontar el deterioro de la infraestructura y la necesidad de actualización tecnológica en juzgados y cámaras federales y nacionales.
Diálogo institucional y criterios de asignación
Según remarcaron fuentes judiciales, el aumento en la partida específica para bienes de uso es resultado de una negociación sostenida entre el Gobierno nacional y las máximas autoridades del Poder Judicial. El objetivo central es garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de justicia, en un contexto de alta demanda ciudadana y crecientes exigencias en materia de celeridad y transparencia.
- Mejoras edilicias en edificios judiciales de todo el país.
- Renovación y mantenimiento de equipamiento informático y tecnológico.
- Adquisición de mobiliario y elementos de trabajo para magistrados y empleados.
- Fortalecimiento de sistemas de gestión digital de expedientes.
El Consejo de la Magistratura adelantó que la ejecución de estos recursos se hará siguiendo lineamientos de la Presidencia del organismo y de los y las consejeras, con criterios de criticidad, austeridad y distribución federal. Esto implica priorizar las jurisdicciones con mayores problemas de infraestructura y aquellas donde la demanda de servicios judiciales es más intensa.
Desde el Consejo de la Magistratura subrayan que el incremento apunta a sostener la prestación del servicio de justicia con estándares adecuados de calidad, acceso y modernización tecnológica en todo el territorio nacional.
Con este refuerzo, el Poder Judicial buscará avanzar en la modernización de sus estructuras y en la digitalización de procesos, dos ejes considerados centrales para acortar tiempos de tramitación y mejorar la atención a la ciudadanía. La forma en que se ejecute el presupuesto y el impacto efectivo en los tribunales será clave para evaluar, en los próximos meses, el alcance real de esta decisión administrativa.
