Subsidios, disputa empresaria y crisis política en Transporte
NewsITe
La salida de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía expuso una trama de disputas empresarias, presuntas maniobras irregulares con subsidios y fuertes cuestionamientos al rol del Estado en el control del sistema de transporte público. En el centro de la escena aparecen La Nueva Metropol y el Grupo DOTA, dos gigantes del sector que se disputan fondos millonarios y poder de mercado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Pierrini, empresario mendocino vinculado al negocio del seguro y cercano al ministro Luis “Toto” Caputo, había asumido en mayo de 2025. Presentó su renuncia el 22 de enero de 2026, oficialmente por razones personales. Sin embargo, versiones internas señalan que fue empujado a dejar el cargo tras la filtración de denuncias que revelan un manejo opaco de subsidios por alrededor de 30.000 millones de pesos.
El conflicto se originó en una denuncia elevada a fines de diciembre de 2025 por cuatro de las cinco cámaras empresarias del sector, que apuntaron directamente contra La Nueva Metropol. La empresa, propiedad de los hermanos Zbikoski, es acusada de haber manipulado datos del sistema de tarjetas SUBE para intercambiar viajes largos por cortos y así incrementar artificialmente las compensaciones estatales.
Según esas imputaciones, la maniobra –conocida como “truchaje” de subsidios– habría permitido a Metropol obtener fondos desproporcionados frente a sus competidores, generando un perjuicio fiscal estimado en 30.000 millones de pesos en el último año. La acusación se suma a un clima de tensión en un mercado fuertemente concentrado y dependiente de los aportes del Estado.
Metropol vs DOTA: una disputa que excede al SUBE
Desde la empresa Metropol, las denuncias fueron calificadas como una “vendetta” impulsada por rivales. La firma argumenta que el trasfondo real es su proyecto para importar 150 colectivos eléctricos de la marca china King Long, en el marco de un esquema de incentivos oficiales para renovar flotas con tecnología más limpia.
Ese plan choca con los intereses del Grupo DOTA, que concentra una porción clave de las líneas de colectivos del AMBA y cuenta con la licencia exclusiva para producir en el país motores Agrale. DOTA se presenta como defensora de la industria nacional y cuestiona la importación de unidades como una competencia desleal, mientras fuentes del sector recuerdan que la propia empresa fue denunciada en el pasado por supuestos falseos en los consumos de gasoil, con un beneficio estimado en más de 30 millones de dólares entre 2022 y 2024, sin sanciones visibles por parte de la CNRT.
La Secretaría de Transporte administra para 2026 un esquema de subsidios superior a 1,03 billones de pesos y ahora enfrenta una demanda penal por presunta omisión de controles. Tanto Pierrini como Caputo quedaron bajo la lupa por no haber actuado con celeridad ante las alertas internas y externas sobre posibles irregularidades.
Un sistema de subsidios bajo sospecha
El sistema SUBE fue diseñado para compensar la brecha entre las tarifas reguladas y los costos reales de operación, en un contexto de alta inflación y salarios presionados. Las empresas informan kilómetros recorridos y pasajeros transportados, y sobre esa base se liquidan las transferencias mensuales. La falta de auditorías exhaustivas, sostienen especialistas, abrió la puerta a desvíos y abusos.
En este marco, cámaras como la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) reclaman una revisión integral de las reglas de juego. Sostienen que las presuntas maniobras de grandes grupos distorsionan la competencia y dejan al borde de la quiebra a operadores medianos y pequeños, que además padecen demoras en los pagos y dificultades para sostener servicios mínimos.
- Denuncias por alteración de datos en el sistema SUBE y millonarios desvíos de subsidios.
- Renuncia de Pierrini y cuestionamientos al control estatal sobre más de 1 billón de pesos.
- Disputa entre modelos: buses eléctricos importados versus industria nacional de motores.
El esquema de subsidios, que nació tras la crisis de 2001 para sostener al transporte público, se transformó con los años en un terreno fértil para conflictos empresariales, sospechas de corrupción y tensiones políticas alrededor de quién controla el flujo de fondos.
El caso actual trae a la memoria otros escándalos, como el de los “subsidios truchos” en ferrocarriles durante la década de 2010, que derivaron en causas judiciales y reformas parciales. Hoy, en medio de una economía frágil y con la necesidad de mantener tarifas accesibles, el desafío oficial pasa por transparentar el reparto de fondos, fortalecer los organismos de control y garantizar que cada peso del Estado llegue efectivamente a sostener el servicio que usan millones de personas a diario.
