Casa Rosada acelera su estrategia legislativa
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El Gobierno nacional se prepara para desplegar en febrero una intensa agenda parlamentaria con un doble objetivo: avanzar en la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y blindar el paquete de reformas laborales impulsado por la administración de Javier Milei. La prioridad será el Senado, que se perfila como la primera parada para la discusión del tratado comercial birregional y de los proyectos más sensibles.
Según pudo saber Diario EL NORTE a partir de fuentes oficiales, es “altamente probable” que el Poder Ejecutivo opte por enviar el acuerdo Mercosur-UE directamente a la Cámara alta, dejando de lado la idea inicial de iniciar el trámite en Diputados. La definición terminará de afinarse en una reunión clave de la mesa política, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Adorni convocó para este lunes a los principales interlocutores del oficialismo, con la mira puesta en alinear criterios y cerrar filas antes del inicio de las sesiones extraordinarias, previsto para el 2 de febrero. En ese ámbito se terminará de delinear el esquema de tratamiento de los proyectos que el Ejecutivo considera centrales para su programa económico y laboral.
Calendario de votación y rol del Senado
En la Casa Rosada manejan un cronograma de trabajo ambicioso. La intención del Gobierno es que la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares lleguen al recinto del Senado el 12 de febrero, para luego pasar a la Cámara de Diputados el 19 del mismo mes. La apuesta es consolidar primero una mayoría en la Cámara alta para luego trasladar esa dinámica a la Cámara baja.
Desde Balcarce 50 aseguran contar con los votos necesarios para “blindar” los proyectos en el Senado, apoyándose en la tarea de articulación de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad quedó al frente del poroteo fino con bancadas aliadas y senadores provinciales, en una cámara históricamente más refractaria a las reformas de alto impacto.
La reforma laboral es uno de los ejes de la agenda del oficialismo, con propuestas que apuntan a cambios en la indemnización, modalidades de contratación y regímenes especiales, mientras que la discusión sobre la Ley de Glaciares se concentra en los límites ambientales a la actividad minera y energética en zonas protegidas.
Negociación fiscal con gobernadores
Mientras tanto, el frente fiscal continúa abierto. El ministro del Interior, Diego Santilli, viene intensificando sus contactos con los gobernadores autodenominados “dialoguistas”. En la lista ya figuran reuniones con Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), entre otros mandatarios clave para garantizar el acompañamiento legislativo.
El foco de la discusión pasa por los cambios tributarios, en particular por la revisión del impuesto a las Ganancias para sociedades. El Gobierno se prepara para presentar una contrapropuesta que ajuste la carga sobre empresas, aunque por ahora descarta cualquier esquema de compensaciones por fuera del Presupuesto, como podrían ser obras públicas específicas o fondos especiales para provincias.
Los gobernadores reclaman previsibilidad en los recursos y advierten por el impacto de eventuales recortes sobre las cuentas provinciales. En ese marco, las negociaciones se dan en paralelo a un escenario económico marcado por la alta inflación, la caída del consumo y la necesidad oficial de mostrar señales de control del déficit.
Mercosur-Unión Europea: apuesta por una ratificación unilateral
A pesar de que el Parlamento Europeo decidió frenar el proceso de ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la administración Milei mantiene su decisión de avanzar sin esperar una definición de Bruselas. En los pasillos de la Casa de Gobierno insisten en que el tratado se tratará “igual, sin importar lo que pase en Europa”.
La estrategia apunta a que la Argentina se convierta en el primer país del bloque en validar internamente el entendimiento birregional. Para el oficialismo, se trata de una señal política hacia los mercados y los socios comerciales, en línea con el perfil aperturista y de integración económica que el Presidente busca imprimir a su gestión.
El acuerdo Mercosur-UE, negociado durante más de dos décadas, contempla una amplia reducción de aranceles para productos industriales y agropecuarios, así como compromisos en materia de estándares ambientales y de competencia. Sus detractores advierten sobre el impacto que podría tener en sectores sensibles de la industria local, mientras que sus defensores destacan las oportunidades de acceso a un mercado de más de 400 millones de consumidores.
Mesa política y disciplina interna
El esquema que se busca replicar es similar al aplicado durante la discusión del Presupuesto 2026: centralizar el diálogo político en una mesa chica para evitar “arreglos paralelos” y concentrar la negociación en un puñado de actores autorizados. En esa lógica, Bullrich coordina el Senado y Martín Menem, titular de la Cámara baja, se ocupa de ordenar el trabajo en Diputados.
Con este formato, el Gobierno pretende ordenar a su propia tropa, contener a los aliados circunstanciales y negociar caso por caso con los bloques provinciales y federales. La incógnita pasa por saber si ese esquema alcanzará para sostener en el Congreso un paquete de reformas que genera resistencias en sectores sindicales, empresariales y de la oposición política.
“Lo vamos a tratar igual sin importar lo que pase en Europa”, resumen en la Casa Rosada sobre el acuerdo Mercosur-UE, en una frase que sintetiza la apuesta del Gobierno por acelerar los tiempos legislativos y mostrarse decidido frente al escenario internacional.
En las próximas semanas, el termómetro del Senado y de la Cámara de Diputados comenzará a mostrar cuán sólido es el respaldo parlamentario del oficialismo y qué margen real tiene el Gobierno para avanzar con su agenda de cambios estructurales.
