La concesionaria Corredores Viales había realizado algunos trabajos de mejora, instada por un fallo judicial orientado en tal sentido. Sin embargo, tres meses después de esa intervención los empalmes de acceso a la ruta provincial 51 desde la ruta nacional 9 ya vuelven a exhibir contundentes señales de deterioro. “Ahora está peor que antes”, advierten los usuarios.
De la redacción de EL NORTE
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Ni la Municipalidad de Ramallo, ni los gobiernos provincial o nacional, ni la concesionaria Corredores Viales parecen encontrar soluciones para el pésimo estado del empalme de las rutas nacional 9 y la provincial 51. Instada por un fallo de la Justicia, la empresa estatal desplegó en las rampas del puente algunos trabajos que parecen haber resultado insuficientes.
Tres meses después de los trabajos, usuarios del corredor reeditan sus indignadas quejas de siempre por el estado del pavimento, nuevamente en franco deterioro.
El año pasado la Municipalidad de Ramallo había presentado una medida cautelar, que recibió el aval de la Justicia, para que Corredores Viales se hiciera cargo del arreglo.
La empresa estatal aceptó realizar los trabajos. Sin embargo, apenas tres meses después de finalizadas las obras, la estructura volvió a deteriorarse y, según usuarios, el tramo intervenido “ahora está peor que antes”.
Si bien Corredores Viales cumplió con la orden judicial, las tareas realizadas consistieron en arreglos parciales que no resistieron el tránsito pesado y constante. Actualmente, la calzada presenta nuevamente hundimientos y baches de consideración, lo que volvió a poner en agenda el estado del acceso.
El fallo y los trabajos
Tal como oportunamente consignó EL NORTE, hacia mediados de agosto Corredores Viales inició las tareas de reparación requeridas por una orden emitida por el Juzgado Federal de San Nicolás, que estableció plazos estrictos para la puesta en condiciones de esta infraestructura clave para el tránsito regional.
La medida judicial que habilitó y ordenó estas obras había sido dictada el 17 de julio y disponía que tanto la Dirección Nacional de Vialidad como Corredores Viales SA ejecutasen las reparaciones de manera urgente. El fallo estableció un tiempo total de ejecución de hasta tres meses. Además, se dispuso que las empresas responsables presenten informes mensuales detallando los avances de la obra.
Entre los fundamentos de la resolución, el juez consideró que el puente presentaba un nivel de deterioro que ponía en riesgo la seguridad vial y la integridad de quienes transitan por esa intersección. El puente constituye un punto estratégico, ya que es el enlace directo entre una de las principales autopistas del país y una ruta provincial utilizada intensamente por el transporte de cargas y el tránsito de pasajeros.
Las tareas debían incluir una reparación estructural de las partes más dañadas, el refuerzo de sectores críticos y el reacondicionamiento de la carpeta de rodamiento.
La empresa
Corredores Viales SA es una empresa estatal argentina de capital 100% público, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas (51%) y Vialidad Nacional (49%), creada para gestionar concesiones de rutas y autopistas nacionales, cobrando peajes para financiar la infraestructura y servicios. Objeto de críticas por su rentabilidad y gestión, el Gobierno nacional ya dispuso el año pasado su privatización.
El 1º de septiembre de 2025 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nro. 1284/2025 dictada por el Ministerio de Economía por medio de la cual se daba inicio al procedimiento de privatización de Corredores Viales SA (CVSA).
La Resolución se fundamenta en lo dispuesto por el Decreto Nro. 97/2025, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se autorizó el procedimiento para la privatización total de CVSA bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nro. 17.520 y sus modificatorias.
