En diálogo con EL NORTE, los prestadores locales del sector marcaron que los atrasos en los pagos rondan entre 60 y 120 días. Por su parte, la referente de TGD Padres TEA San Nicolás, Patricia Sánchez, expresó: “Muchos profesionales dejaron de trabajar con algunas obras sociales y prepagas, entre ellas IOMA, de la cual depende la población más vulnerable. Es muy difícil conseguir terapeutas y acompañantes”.
De la Redacción de EL NORTE
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La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso y su aplicación fue ordenada por la Justicia en el marco de un amparo colectivo tramitado ante el Juzgado Federal de Campana, pero al momento no hay información precisa sobre cómo el Gobierno nacional piensa adoptar la medida para cumplirla ni especificidades sobre el monto destinado a compensar los meses de atraso vinculados al sector. A este panorama se suma el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En diálogo con EL NORTE, los prestadores locales del sector marcaron que las demoras en los pagos rondan entre 60 y 120 días. Por su parte, la referente de TGD Padres TEA San Nicolás, Patricia Sánchez, expresó: “Muchos profesionales dejaron de trabajar con algunas obras sociales y prepagas, entre ellas IOMA, de la cual depende la población más vulnerable. Es muy difícil conseguir terapeutas y acompañantes”.
Sánchez precisó: “Las familias nos encontramos en una situación de incertidumbre. Hay muchos profesionales que siguen trabajando aun en estas condiciones de demora en los pagos, pero otros han desistido y ya no trabajan con algunas obras sociales. Especialmente se da esta situación con IOMA, que es la prestación que más utilizan las personas con discapacidad que tienen pensión provincial. Se trata de la población más vulnerable, de quienes no tienen empleo formal; por eso, acceden a una pensión provincial para tener la cobertura del IPS. Hay muchos padres de niños y adolescentes que están recorriendo, buscando lugares para que les brinden las terapias, ya que, desde el año pasado, algunos centros donde ellos concurrían no trabajan más con IOMA. Es muy difícil conseguir tanto terapeutas como acompañantes. Esto genera no solo incertidumbre, sino también angustia en los cuidadores, porque sus hijos no puedan acceder a las terapias que más necesitan. Además, tienen miedo de no conseguir acompañante para este nuevo ciclo escolar que comienza dentro de poco”.
En cuanto a los prestadores de servicios vinculados a la discapacidad, explicaron a este medio: “La situación es la misma que el año pasado; todo sigue igual a pesar de la sanción de la ley. O peor, tras el cierre de la Andis, dado que es un gran retroceso en materia de derechos adquiridos”. “Ahora estamos con el tema de presentar el nuevo presupuesto para 2026. Lo mismo de todos los años: las mutuales se demoran en autorizar los tratamientos o aprueban lo que ellas quieren y no lo que el paciente necesita”, señalaron.
Compensación y pensiones
En relación con la compensación establecida por la ley –que busca cubrir la diferencia entre los aumentos otorgados a las prestaciones entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y el IPC–, el Gobierno propone un cálculo del 10,5 %. Este no coincide con la evaluación de los prestadores y no está acompañado por normativa alguna que ordene su ejecución ni por un cronograma de pago. Por otra parte, respecto a las pensiones no contributivas a las que hace referencia la ley, el Gobierno nacional se limita a describir su impacto presupuestario y a estimar un universo potencial, pero no indica cómo se implementarán durante el año en curso. Lo mismo ocurre con el Programa Federal Incluir Salud, que brinda atención a esta población.
Actualmente, la pensión equivale al 70 por ciento de una jubilación mínima ($349.299,32), según datos relevados por las propias organizaciones. A los gastos comunes en la vida de las personas con discapacidad se suman gastos específicos: acompañantes terapéuticos, terapias, traslados y medicaciones, que podrían rondar los 800.000 pesos mensuales.
“Estrategias dilatorias”
El Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis) manifestó: “Nosotros vemos que el escenario es muy complejo. El Juzgado Federal de Campana ordenó el cumplimiento inmediato de la Ley de Emergencia en Discapacidad y los plazos están vencidos. La estrategia que usan es clara: aparentan actividad administrativa, pero en realidad lo que hacen es diferir la ejecución de una sentencia que ya es definitiva. En ese sentido, estamos muy preocupados. Pensamos que el Juzgado está haciendo una tarea impecable, pero vemos cómo el Ejecutivo nacional está tomando estrategias dilatorias para atrasar la aplicación”.
