La cacería que expuso al sistema penitenciario argentino
NewsITe
A diez años de la llamada “triple fuga”, el caso que mantuvo en vilo a la Argentina durante casi dos semanas vuelve a instalarse como un símbolo de las falencias del sistema penitenciario, las internas políticas y el poder de las organizaciones criminales vinculadas al negocio de la efedrina. Lo que comenzó como un escape de película desde una cárcel bonaerense terminó convertido en un gigantesco operativo de búsqueda, con cobertura mediática permanente y un desenlace que aún hoy deja más preguntas que respuestas.
El 27 de diciembre de 2015, Martín y Cristian Lanatta, junto con Víctor Schillaci, condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, lograron salir del penal de General Alvear reduciendo a guardias y aprovechando una seguidilla de errores y complicidades internas. Vestidos con ropa del Servicio Penitenciario y con una ametralladora de madera que luego reemplazarían por un arma real, atravesaron controles internos, tomaron rehenes y escaparon en vehículos que fueron robando en cadena.
La fuga se produjo en un contexto político extremadamente sensible: Mauricio Macri y María Eugenia Vidal llevaban apenas 17 días en el poder. La entonces gobernadora bonaerense removió a la cúpula del Servicio Penitenciario y al jefe de la unidad, mientras el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, ofrecía una recompensa millonaria por datos sobre los prófugos. La entonces ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, debió informar casi en tiempo real los avances de una investigación seguida minuto a minuto por todos los canales de noticias.
Lejos de ser una huida silenciosa, el raid criminal dejó un rastro de violencia. El episodio más grave se produjo el 31 de diciembre de 2015, en un control policial cerca de la localidad bonaerense de Ranchos: los fugitivos balearon a la sargento Lucrecia Yudati y al oficial Fernando Pengsawath, que sobrevivieron pero debieron atravesar decenas de cirugías y arrastran hasta hoy las secuelas físicas y emocionales de aquel ataque a quemarropa.
El recorrido de la fuga y la caída en Santa Fe
En los días siguientes, los Lanatta y Schillaci se movieron entre el conurbano bonaerense y la provincia de Santa Fe, robando vehículos, tomando rehenes y enfrentándose a fuerzas federales y provinciales. En la zona de San Carlos intercambiaron disparos con Gendarmería, hirieron a efectivos y se apoderaron de armas y móviles oficiales. Más tarde, secuestraron a un ingeniero agrónomo, usaron su departamento en la ciudad de Santa Fe para descansar, cambiarse y camuflar una camioneta Amarok blanca como si fuera de la propia fuerza de seguridad.
La persecución se volvió una suerte de western pampeano transmitido en vivo: allanamientos televisados, rumores de tiroteos, versiones cruzadas y placas rojas que alimentaban la tensión social. En simultáneo, la causa se mezclaba con el trasfondo del triple crimen de General Rodríguez y las acusaciones públicas que, meses antes, Martín Lanatta había lanzado contra el entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández por sus presuntos vínculos con el tráfico de efedrina. El cruce entre justicia, política y crimen organizado quedó expuesto como pocas veces.
El primer quiebre del operativo se produjo el 9 de enero de 2016, cuando la camioneta Amarok en la que se desplazaban volcó en una zona rural cercana a Cayastá, en el norte santafesino. Golpeado y exhausto, Martín Lanatta se separó de sus compañeros y terminó siendo detenido por un vecino y policía retirado, Enzo Dupraz, quien inicialmente lo confundió con Schillaci. La captura fue anunciada como el final de la fuga, pero dos de los prófugos aún seguían libres.
La captura final y un cierre incompleto
Las últimas 48 horas del operativo se concentraron en las zonas arroceras de Cayastá. Cristian Lanatta y Víctor Schillaci se ocultaron en un molino de la firma Spaletti, donde mantuvieron retenido al encargado, se ducharon, cambiaron de ropa y analizaron posibles rutas de escape hacia el norte, con la intención de cruzar luego hacia Paraguay. Sin embargo, el avance de la policía santafesina y de las Tropas de Operaciones Especiales terminó cercándolos.
Cuando los efectivos irrumpieron en el predio, el intento de los prófugos de hacerse pasar por peones rurales ya no alcanzó. Fueron reducidos y esposados en el lugar, en un operativo que derivó en festejos en la plaza de Cayastá y hasta en el posterior uso turístico de la historia de la “triple fuga”, con recorridos que recreaban la ruta de los fugitivos. No obstante, tanto Dupraz como el empleado del molino denunciaron que nunca cobraron la recompensa prometida.
Tras el escándalo, los hermanos Lanatta y Schillaci enfrentaron cuatro juicios orales por los delitos cometidos durante la huida, que se sumaron a la condena a perpetua por los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Hoy permanecen alojados en el Módulo VI del Complejo Penitenciario de Ezeiza, bajo un régimen de máxima seguridad que incluye 20 horas de encierro, visitas limitadas y una sola llamada semanal. A pesar de ello, sus nombres siguen apareciendo en expedientes vinculados a asesinatos en prisión y tráfico de armas y explosivos.
Diez años después, la triple fuga continúa siendo una herida abierta para el sistema de seguridad argentino: evidenció la fragilidad de las cárceles, el peso del crimen organizado y la facilidad con la que una fuga puede transformarse en una crisis política y mediática de alcance nacional.
La historia concluyó con los tres protagonistas nuevamente entre rejas, pero también con una conclusión incómoda: el encierro no necesariamente implica el fin del poder de las bandas criminales. La fuga terminó hace una década; las derivaciones institucionales y judiciales, todavía no.
