El escándalo del vacunatorio VIP hizo temblar los cimientos del Gobierno en medio del peor momento de la pandemia. La investigación que tiene delegada el fiscal Eduardo Taiano continúa con medidas de prueba.
Todo comenzó hace exactamente un año cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio que el día anterior se había inoculado en el Ministerio de Salud tras comunicarse con el entonces ministro Ginés González García.
Aquellas declaraciones dieron lugar a distintas denuncias que derivaron en la apertura de la investigación penal en el Juzgado Federal 5 para esclarecer si “personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos” fueron inoculadas en el hospital Posadas, en el Ministerio de Salud e incluso en sus domicilios particulares con la primera dosis de la vacuna Sputnik V sin estar en ninguna lista.
Esto derivó en la renuncia de Gines González García, por pedido de Alberto Fernández, quedando a cargo del ministerio Carla Vizzotti quien solicitó un listado de personas vacunadas a requerimiento del Ministerio de Salud en el hospital Posadas y a las áreas involucradas de la cartera sanitaria nacional. Asimismo, se instruyó la auditoría del registro nominal.
Entre quienes fueron vacunados en una oficina del ministerio que entonces conducía Ginés se encontraban Seza Manukian, Horacio Verbisky, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, Jorge Taiana, Salomón Schachter y Eduardo Valdez, Carlos Zannini, Eduardo Duhalde entre otros.
El 8 de julio de 2021 la jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó parcialmente el expediente por inexistencia de delito al sostener que no había delito reprochable penalmente que castigue a un funcionario público por haber otorgado “tratos especiales”, a las personas denunciadas y que de todos modos cumplían con los requisitos para ser considerados dentro de alguno de los grupos prioritarios. Por entonces mantuvo la investigación respecto a las vacunas que recibieron las hijas de Eduardo Duhalde y otras personas.
Un mes y medio más tardé la Cámara Federal dejó sin efecto el archivo y reabrió la causa ordenando investigar a los vacunados al hacer lugar a un planteo del fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, que había cuestionado el fallo de Capuchetti
En cuanto a los beneficiados con vacunas anticipadas y sobre quienes la jueza decidió no avanzar, los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, sostuvieron: “El mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”.
En ese sentido los camaristas refirieron que varios de los funcionarios inoculados fueron anotados como personal de salud y se debe despejar si lo hicieron ellos mismos.
En noviembre, la investigación se amplió a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, luego de que la Justicia ordenara analizar sus llamadas telefónicas. Fue tras el pedido del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez quien entendía que tanto la actual ministra como otras personas “habrían tenido algún tipo de implicancia (directa o indirecta) en la distribución, control y manejo de aquellas vacunas contra el covid-19 que debían asignarse y suministrarse”. La jueza María Eugenia Capuchetti hizo lugar a su solicitud y dispuso que los cruces de llamadas telefónicas fueran ordenados.
Actualmente la causa se encuentra con medidas de prueba para avanzar en la investigación. Pero ayer durante una entrevista con el canal TN, Lisandro Bonelli, exjefe de Gabinete de su tío Ginés González García- ambos investigados- aseguró que la actual ministra era la responsable del plan de vacunación. “El esquema de vacunación dependía de su secretaría, en todo caso si existió una irregularidad, que yo creo que no existió, tendrían que haber apuntado a ella”. Asimismo sostuvo que el presidente Alberto Fernández cometió un “error histórico” al haber echado al exministro.
Lo cierto, es que el vacunatorio existió y eso es lo que investiga la justicia para determinar responsabilidades tal como ordenó la Cámara Federal en agosto pasado. Por ahora la investigación está en una etapa prematura pese al trabajo detallado efectuado por el titular de la PIA.
