Adorni consolida su equipo mientras avanza el plan de retiros
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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la reconfiguración del área de Comunicación oficial. Mediante el decreto 7/2026, publicado en el Boletín Oficial en la madrugada de este jueves y firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se designó a María Gabriela Fernández como titular de la Subsecretaría de Medios Públicos, dependencia que quedó bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
La funcionaria asumió formalmente sus funciones el 1° de enero, en el marco de una estructura que aún se encuentra en proceso de armado y en medio de un fuerte replanteo sobre el futuro de los medios públicos. La decisión se suma a la disolución previa de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, establecida por el decreto 793/2025, que trasladó atribuciones, personal y bienes hacia la Jefatura de Gabinete.
Hasta mediados del año pasado, el cargo había sido ocupado por Bárbara Pintelos, pero los cambios en el Gabinete y la redefinición del mapa de la comunicación oficial demoraron nuevas designaciones. Dentro del propio Ejecutivo reconocen que aún faltan nombramientos en distintos niveles jerárquicos, desde gerencias hasta coordinaciones, lo que explica parte de las demoras en la implementación de las políticas planificadas.
Retiros voluntarios y recorte de la planta en medios públicos
La llegada de Fernández se da mientras el Gobierno avanza con un esquema de retiros voluntarios para trabajadores de los medios públicos, con el objetivo de reducir de manera significativa la dotación de personal antes de fin de año. De acuerdo con cifras oficiales, actualmente se contabilizan unos 2.400 empleados entre la Televisión Pública y Radio Nacional.
El plan, que será instrumentado por el organismo a cargo de Javier Lanari, prevé un cálculo previo de la adhesión y la posterior negociación de las indemnizaciones. La conducción operativa del proceso recae sobre el interventor de la Televisión Pública y Radio Nacional, Carlos Curci González, junto al director de la emisora, Fernando Subirats.
Desde el Ejecutivo insisten en que los ofrecimientos de retiro serán “razonables” y estarán atados al rango y la antigüedad de cada trabajador. En la Casa Rosada justifican la iniciativa como parte de una “modernización” de las empresas estatales de comunicación y remarcan que el crecimiento de la planta se produjo, principalmente, durante los primeros años del kirchnerismo.
Fusión de señales y continuidad de la intervención
En paralelo al esquema de retiros, el Gobierno analiza una reingeniería más profunda del sistema de medios públicos. Entre las alternativas sobre la mesa se encuentra la posibilidad de fusionar Radio y Televisión Argentina con Contenidos Artísticos e Informativos, lo que implicaría la migración de señales como Paka Paka, DeporTV, Encuentro, Animar y El Asombroso Mundo de Zamba y Nina.
La Televisión Pública cuenta hoy con unos 1.300 empleados, mientras que Radio Nacional reúne alrededor de 1.100 trabajadores. Para funcionarios del área, esa dotación excede por amplio margen los estándares del sector privado. “La radio número uno en la Argentina tiene 300 empleados y Radio Nacional tiene 1100, cuatro veces más. Es un despropósito”, sostuvo una fuente oficial al justificar el redimensionamiento.
En este contexto, el Poder Ejecutivo deberá prorrogar la intervención vigente sobre los medios públicos, que vence en febrero de este año, según la decisión administrativa 5/2025. La intención oficial es renovar ese esquema excepcional para mantener el control directo mientras se ejecutan los cambios estructurales, desde la reducción de personal hasta eventuales fusiones y modificaciones en la grilla de contenidos.
“Vamos a renovar la intervención porque es central que sigamos manteniendo el control para normalizar las empresas”, señalaron desde el Gobierno al fundamentar la continuidad del proceso de reordenamiento.
Con la designación de María Gabriela Fernández y la concentración de las funciones de comunicación bajo la Jefatura de Gabinete, la gestión de Manuel Adorni busca consolidar un modelo más centralizado para la política de comunicación oficial, la coordinación de los medios públicos y la difusión de la actividad estatal tanto en el plano nacional como internacional.
