Fue electo por unanimidad. La vicepresidencia fue para la oposición. Lugones habló sobre la complejidad de cumplir con la decisión del máximo tribunal que estableció una nueva composición antes del 15 de abril
El juez Alberto Lugones fue elegido hoy por unanimidad como presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano que tiene plazo hasta el próximo 15 de abril para reformar su integración tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su primer discurso como titular del Consejo, Lugones hizo referencia a esa situación y advirtió: “De no integrarse el Consejo en esa fecha con esos 20 miembros, no será responsabilidad de este cuerpo el no funcionamiento”.
El Consejo designó en su plenario de esta mañana a Lugones, un aliado del oficialismo, como titular del Consejo, y como vicepresidente al abogado radical Carlos Matterson, de la oposición. También fueron designadas como presidenta de la Comisión de Selección a la diputada kirchnerista Vanesa Siley; al frente de Reglamentación a la diputada peronista Graciela Camaño, una aliada del gobierno en el Consejo; y fueron reelectos el abogado Diego Marías, que responde al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al frente de Administración y Financiera, y la senadora del Frente de Todos María Inés Pilatti Vergara en la Comisión de Acusación.
Si bien votó a favor, el diputado del PRO Pablo Tonelli objetó el reparto del poder en el Consejo: “No estoy de acuerdo con la distribución de cargos, puntualmente con la presidencia de las comisiones. No reflejan la composición del cuerpo. De todas maneras voy a votar afirmativamente por la consideración personal que les tengo a los concejeros y a quienes fueron elegidos para presidirlas”.
Tras la elección y los aplausos de rigor, Lugones, quien deja la vicepresidencia del Consejo y que fue su titular del 2020, dio su primer discurso. “No sabemos por cuánto tiempo será”, dijo sobre su mandato. La referencia es al fallo de la Corte de diciembre pasado que declaró la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 integrantes del Consejo y dio 120 días para una nueva composición, ya sea por una ley del Congreso o que regrese a su anterior integración de 20 miembros. Ese plazo vence el 15 de abril. Si para entonces el Consejo sigue con su actual composición, la Corte dijo que todas las decisiones que tome serán nulas, por lo que quedará paralizado.
Lugones, quien públicamente fue crítico de la sentencia, dijo que los 120 días es “un exiguo plazo” para adecuar el Consejo porque en la mayoría de los nuevos consejeros deben ser elegidos en elecciones.
“No puedo dejar de plantear la complejidad de celebrar un proceso electoral con los protocolos necesarios para evitar el aumento de contagios de COVID-19. Sin perjuicio de ello den por cierto que como presidente del cuerpo haré todo lo que esté a mi alcance para que se cumpla con todo lo dispuesto en el fallo. Pero también tenesmos que pensar en el día después. De no integrarse el Consejo en esa fecha con esos 20 miembros no será responsabilidad de este cuerpo el no funcionamiento. La propia autolimitación que se pone la Corte Suprema en el fallo diciendo que si el día 16 de abril no hay 20 miembros el Consejo no va a funcionar, nos pondrán en una situación límite y habremos de evaluar en este cuerpo cuál es la forma de continuar porque no eludiremos nuestro compromiso”, dijo Lugones.
“No voy a permitir la interrupción del servicio de justicia”, dijo al cierre de su discurso.
Para que el Consejo pase de 13 a 20 miembros se deben sumar el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, un jueza, dos abogadas, una representante del sector académico, un diputado y un senador. El titular del máximo tribunal ya está elegido. La complejidad llega con el resto de los representantes. Principalmente con los abogados y los legisladores nacionales.
Hay una disputa entre la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) sobre la fecha en la que se deben las elecciones. Está fijada para el 5 de abril pero el CPACF pidió la nulidad porque no llega en su organización. El martes hubo una reunión del Consejo con las entidades para mediar y se volverán a reunir el lunes. Se busca una solución porque hay chances de que el tema se judicialice.
Por otra parte tanto en el oficialismo como en la oposición señalan que es poco factible que el Congreso envíe a sus representantes. Es porque hay una fuerte pelea sobre de qué bloque deben ser, sumado a la tensión política que ambos sectores tienen. “Y nosotros podemos organizar las elecciones de los jueces, abogados y académicos pero no podemos exigirle a otro poder del estado que mande sus representantes”, sostienen en el Consejo.
Los jueces ya tienen su fecha de elección para el 7 de abril y los académicos la definirán en marzo. En el Consejo entienden que en eso no habrá problemas. Pero mientras tanto corre el reloj y cada vez se está más cerca del 15 abril.
En el plenario de esta mañana también se hicieron las entrevistas con 120 candidatos a jueces de 11 concursos de lugares vacantes en la justicia nacional y federal de todo el país. Entre ellos, los juzgados de primera instancia vacantes, la Cámara Federal y los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py.
Con esa entrevista los concursos quedaron en condiciones de ser aprobadas pero todavía no hay acuerdo entre oficialismo y oposición para aprobarlas. Se necesitan nueve votos sobre los 13 consejeros y hoy ningún sector los tiene. Marías pidió en el plenario formalmente la suspensión del tema y el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, la aceptó para seguir hablando y dijo que la expectativa es aprobar los concursos del Comodoro Py antes del 15 de abril, la fecha de la incertidumbre.