La imputación formal en la causa por fentanilo contaminado se apoya en 20 muertes peritadas, pero se investiga al menos 124. Las personas acusadas como responsables del control en los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo S. A. son 14; entre ellas, Carolina Ansaldi y Dayana Astudillo, ambas nicoleñas. La primera pidió ampliar la indagatoria y la segunda, ante nuevas pruebas, solicitó la falta de mérito.
De la Redacción de EL NORTE
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Continúa avanzando la causa por el fentanilo contaminado que habría provocado la muerte de más de 100 personas. Los acusados de tener responsabilidad en los hechos son 14 y, por el momento, la imputación formal se apoya en 20 muertes peritadas, aunque la investigación apunta a sostener la acusación por las 124 registradas. La gravedad de los hechos se fundamenta en el conocimiento doloso que los directores y el personal técnico habrían tenido de las deficiencias de producción.
Los principales investigados son los responsables de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo S. A., entre ellos, los propietarios y la cúpula técnica.
El pasado 25 de septiembre, el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, había ordenado el procesamiento con prisión preventiva de Ariel García Furfaro, señalado como principal responsable, y dictó embargos que ascienden a más de mil millones de pesos. También dispuso procesamientos, con y sin prisión preventiva para el resto de los investigados. Posteriormente, el juzgado admitió recursos de apelación contra esas decisiones para que la Cámara Federal de La Plata las examine.
Dentro de los involucrados se encuentran dos mujeres nicoleñas que se desempeñaban en Laboratorios Ramallo: Carolina Ansaldi y Daiana Astudillo. Respecto de ellas, en las últimas horas se conoció que Ansaldi (representada por los defensores Gabriel Palmeiro y Martín Villa) pidió ampliar la indagatoria (hasta el momento había guardado silencio, por lo que sería su primera declaración). En cuanto a Dayana Astudillo, su abogado defensor, Agustín Tanús, planteó la falta de mérito apoyado en nuevos testimonios que desvincularían a la mujer de la responsabilidad atribuida.
La defensa
El letrado Agustín Tanús, en defensa de Astudillo, pidió que el juez dicte la falta de mérito. El abogado insistió en que la mujer —de origen venezolano, con domicilio en San Nicolás, que se desempeñaba como jefa de Garantía de Calidad en Laboratorios Ramallo— no tuvo participación en decisiones relativas a la fabricación y liberación de los lotes 31202 y 31244 de fentanilo, cuya distribución posterior derivó en los gravísimos hechos investigados. En las últimas declaraciones recibidas por la Justicia, los testimonios habrían reafirmado que no existen evidencias que ubiquen a Astudillo como responsable en la toma de decisiones. Ante esto, Tanús reiteró el pedido de la falta de mérito para que la mujer sea desvinculada de la causa.
Nuevamente, el letrado pone el acento en que solo existe una firma de Astudillo en un protocolo general de junio de 2023, un año y medio antes de la producción de los lotes de fentanilo cuestionados. Refiere, también, que esa firma se colocó de manera meramente formal, en reemplazo de su superiora, la gerenta de Gestión de Calidad, que se encontraba de licencia. Agrega que Astudillo jamás intervino en la documentación esencial de los lotes y que su rol funcional se limitaba a tareas administrativas y documentales. Además, pidió que se levantara la inhibición de cuentas bancarias de Astudillo, atento a que su defendida es única sostén de un menor con discapacidad; no hubo oposiciones de la parte acusadora y el juez decidió levantar la medida.
Las imputaciones
Los imputados son Ariel Fernando García Furfaro (coautor y propietario real del conglomerado), Diego Hernán García Furfaro (coautor y decisor en la operación diaria), Javier Martín Tchukrán (coautor y director general), José Antonio Maiorano (coautor y director técnico de HLB Pharma Group) y Carolina Ansaldi (coautora y directora técnica de Laboratorios Ramallo SA), a quien se le concedió el beneficio de arresto domiciliario. Además, se dictó prisión preventiva para Nilda Furfaro, madre de los empresarios, como presunta partícipe necesaria y accionista minoritaria de HLB. En ese caso, también cumple detención domiciliaria.
El resto del personal jerárquico y técnico fue procesado sin prisión preventiva, incluyendo a María Victoria García (gerenta de Gestión de Calidad), Wilson Daniel Pons (jefe de Control de Calidad), Adriana Iúdica (subjefa de Control de Calidad), Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar (jefa de Garantía de Calidad), Rocío del Cielo Garay (supervisora de Control de Calidad), Edgardo Gerardo Antonio Sclafani (gerente de Producción) y Eduardo Darchuk (jefe de Producción).
El juez concluyó que la contaminación bacteriana del fentanilo, de los lotes 31202 y 31244, se produjo en las instalaciones de Laboratorios Ramallo durante su proceso productivo. La decisión enumera falta de controles y negligencia, que permitieron la contaminación. El producto contenía bacterias como la Klebsiella pneumoniae y la Ralstonia pickettii (identificada también como Ralstonia mannitolilytica). Los peritajes del Cuerpo Médico Forense determinaron que la infección constituyó un factor desencadenante o agravante en el cuadro clínico de las víctimas.
Actualmente, la Justicia analiza trazas documentales, registros de compras, peritajes microbiológicos y la actuación de los responsables de laboratorios y de las cadenas de distribución. Las preguntas, aún abiertas, incluyen el número definitivo de víctimas con relación causal directa al producto contaminado, el volumen total de ampollas efectivamente puestas en circulación y la evaluación de responsabilidades administrativas de organismos de control.
Durante noviembre y diciembre de 2025, se publicaron datos relevantes que ayudan a dimensionar el alcance real del problema. Un informe consignó que, en el marco del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado” impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se habían recuperado más de 82.000 ampollas en distintos operativos en provincias como Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe.
