Más de 100 penitenciarios denuncian un Esquema Ponzi interno
NewsITe
La Justicia salteña investiga una presunta estafa piramidal que habría operado dentro del propio Servicio Penitenciario provincial y que ya suma más de un centenar de agentes damnificados. De acuerdo con la información oficial, el circuito financiero bajo sospecha habría movilizado más de $2.700 millones mediante un esquema de tipo Ponzi, sostenido en promesas de altos rendimientos y una red interna de captación de fondos.
La causa está en manos de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio. En ese marco, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizó siete allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Salta —barrios Democracia, Divino Niño y Primera Junta— y en la localidad de Cerrillos, donde se sospecha que operaban o residían algunos de los involucrados.
Las denuncias apuntan principalmente contra un cabo primero del Servicio Penitenciario, señalado como organizador del sistema de inversiones. Según relataron los agentes, el ofrecimiento se presentaba como un círculo cerrado y confidencial, sin monto mínimo para ingresar y con la promesa de intereses mensuales de entre el 10% y el 15%, además de la posibilidad de hacer retiros parciales del capital. El supuesto negocio habría comenzado durante la pandemia y se expandió rápidamente dentro de la fuerza.
Como suele ocurrir en las estafas piramidales, los primeros meses generaron confianza: varios de los denunciantes aseguraron haber recibido pagos parciales de intereses e incluso devoluciones de capital. Ese flujo inicial de fondos alentó a más trabajadores penitenciarios a sumarse y a aumentar sus aportes. Con el paso del tiempo comenzaron las demoras, las excusas, los pedidos de prórrogas y el desvío de transferencias a cuentas de terceros, hasta que prácticamente se cortaron las respuestas.
Operaciones por más de $2.700 millones y una estructura interna
Entre los damnificados hay agentes que aseguran haber entregado sumas millonarias: algunos hablan de inversiones cercanas a los $7 millones y otros de hasta $24 millones. La investigación financiera reveló, a partir del análisis de extractos y el entrecruzamiento de datos, que se detectaron al menos 409 operaciones concentradas en solo tres cuentas virtuales del principal acusado, radicadas en Mercado Pago, Ualá y Naranja X.
Sin embargo, los investigadores estiman que el circuito total habría involucrado al menos 22 cuentas distintas, utilizadas para mover y disimular el origen de los fondos. Según el Ministerio Público Fiscal de Salta, el volumen de dinero movilizado superaría los $2.702.170.181. Además de los 122 efectivos penitenciarios que habrían realizado transacciones con el denunciado, también aparecen como intervinientes personas registradas como visitas, ex internos y terceros ajenos a la institución.
La hipótesis de la fiscalía es que el cabo no actuó solo, sino que contaba con una estructura de colaboración interna. Se sospecha de un grupo reducido de funcionarios penitenciarios que habrían actuado como captadores y consolidadores de fondos, aprovechando la confianza entre compañeros de trabajo y el conocimiento de la situación económica de sus colegas. Sobre esa base se habría montado una amplia red de aportantes que funcionó durante meses.
Secuestros, cuentas inmovilizadas y llamados a imputación
Uno de los casos que más llamó la atención de los investigadores es el de una funcionaria penitenciaria que, pese a exhibir un perfil económico y crediticio modesto, realizó más de 94 transferencias al principal acusado por un total superior a los $118 millones. Situaciones similares se repiten con otros agentes cuyos ingresos formales no se condicen con las cifras invertidas, lo que refuerza la sospecha de que también gestionaban dinero de terceros.
En los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación considerada clave para reconstruir el recorrido del dinero y la eventual participación de otros implicados. Además, se incautó la suma de $1.317.000 en efectivo y se ordenó la inmovilización de 15 cuentas bancarias vinculadas al principal investigado, así como fondos alojados en la plataforma Cocos, donde se habrían derivado al menos $120 millones.
La fiscalía sostiene que la maniobra habría funcionado en tres niveles: un organizador con acceso a áreas administrativas del Servicio Penitenciario; un grupo de colaboradores que actuaban como captadores; y una base de más de un centenar de aportantes, en su mayoría efectivos de la fuerza.
Tras las primeras medidas, el Ministerio Público Fiscal confirmó que el principal investigado y una mujer fueron citados a audiencia de imputación en el marco de la causa por presuntas estafas reiteradas y otros posibles delitos económicos. La investigación continúa y no se descartan nuevas imputaciones ni la ampliación del número de damnificados, mientras se intenta determinar el destino final de los más de $2.700 millones que circularon por el esquema.
