El Gobierno argentino no envió delegación oficial al encuentro que tuvo lugar esta semana en Brasil. La iniciativa define qué es mediante el uso de tecnologías. Establece obligaciones novedosas para las plataformas digitales. El proyecto no se limita a los aspectos penales: incluye prevención, gobernanza digital y la regulación de un ecosistema donde intervienen actores más allá del Estado, especialmente los intermediarios de Internet, para quienes la ley dedica un capítulo específico.
De la Redacción de EL NORTE
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El proyecto de Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres basada en género, se adoptó el miércoles pasado en Fortaleza (Brasil), en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, durante el encuentro regional del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) con autoridades de los Estados parte, su Comité de expertas –conformado por una referente de cada país– y representantes de la sociedad civil. El Gobierno argentino no envió delegación oficial.
El objetivo es que la Ley Modelo sea una herramienta de alto nivel técnico para orientar la adecuación legislativa en cada país y promover una respuesta integral a uno de los desafíos más urgentes de la era digital. Su contenido, desarrollado a partir de los estándares de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –conocida como de Belém do Pará– y otros instrumentos de derechos humanos, está dirigido tanto a entidades de gobierno y poderes legislativos, como a los sistemas de justicia, plataformas digitales, sociedad civil, organismos multilaterales, agencias de cooperación y organizaciones de mujeres y sociedad civil.
Después de un proceso de dos años, que incluyó consultas a más de 1.000 entidades y especialistas de distintos sectores, el continente americano tiene un proyecto de Ley Modelo contra la violencia hacia las mujeres en ámbitos digitales. Se trata de una herramienta regional –la primera en el mundo de estas características– para que se tome de piso y sea guía para que legisladores de diferentes países la usen como modelo para avanzar con reformas legales y leyes propias en cada país y enfrentar una problemática cada vez más extendida que causa daños enormes, entre ellos, el silenciamiento de dirigentes políticas, periodistas y defensoras de derechos humanos.
“La Ley Modelo propone una mirada más amplia y compleja sobre la violencia digital contra las mujeres. No sólo define qué es esta violencia basándose en la experiencia pionera de América Latina como la del Movimiento Olimpia –impulsado por la mexicana Olimpia Coral Melo–, sino que además establece obligaciones concretas para los Estados orientadas a su erradicación”, manifestó al medio Página/12 la abogada Luz Patricia Mejía Guerrero, secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), el organismo de la OEA que desarrolló esta iniciativa.
El proyecto no se limita a los aspectos penales: incluye prevención, gobernanza digital y la regulación de un ecosistema donde intervienen actores más allá del Estado, especialmente los intermediarios de Internet, para quienes la ley dedica un capítulo específico.
UN PROYECTO NECESARIO
Para la abogada argentina especializada en Género, Privacidad y Tecnología, María Julia Giorgelli, una de las expertas que participó de las consultas de la OEA para esta Ley Modelo, se trata de un documento “muy necesario” porque se ocupa de aspectos “todavía muy debatidos” que afectan los derechos de las mujeres como “la responsabilidad de las plataformas, la deepfake –un video, foto o grabación de audio que parece real, pero ha sido manipulado con IA–, los sesgos algorítmicos y la regulación en el ámbito digital”.
La ronda de consultas con especialistas de distintos países que derivó en este texto –que se propone como una orientación para reformas legislativas– comenzó en noviembre de 2024 en Buenos Aires y se replicó en otras ciudades de la región.
La Ley Modelo plantea una arquitectura normativa integral. Establece orientaciones para la prevención, la alfabetización digital con perspectiva de género, la protección urgente, la reparación integral y la construcción de entornos digitales seguros y democráticos. Sus principios rectores incluyen la igualdad y no discriminación, la debida diligencia reforzada, la no revictimización, la interseccionalidad y la gobernanza digital compartida.
BRECHA Y REGIÓN
Uno de sus aportes más innovadores es el establecimiento de obligaciones claras para plataformas digitales e intermediarios de internet, incluyendo medidas de transparencia, preservación de evidencia, cooperación con las autoridades y remoción oportuna de contenidos violentos o no consentidos. Además, promueve el cierre de la brecha digital de género, la formación obligatoria de operadores de justicia y la articulación interinstitucional para garantizar el acceso efectivo a la justicia, libre de estigmas y barreras.
El panorama legal en la región es muy variado. Algunos países como Argentina han reconocido la violencia digital contra las mujeres por razones de género en leyes integrales referidas a la violencia machista. Otros, han tipificado algunas de las manifestaciones de esa violencia en leyes sobre ciberdelito. En el Congreso argentino hay proyectos para tipificar como delitos la suplantación de identidad, la difusión no consentida de imágenes íntimas, y el hostigamiento virtual –entre otros– pero su tratamiento está frenado y no avanzó este año. La persistencia de vacíos legales y la consecuente impunidad para quienes ejecutan violencia contra mujeres y niñas en ámbitos digitales suele ser recurrente en la región.
La ley propuesta tipifica un catálogo amplio de conductas e incluye medidas que apuntan a una reparación integral
ONU
Casi la mitad de las mujeres y niñas del mundo carecen de protección jurídica frente al abuso digital
De acuerdo con datos del Banco Mundial, menos del 40 por ciento de los países cuentan con leyes que protejan a las mujeres del ciberacecho o el ciberacoso. Esto deja al 44 por ciento de las mujeres y niñas del mundo (1.800 millones) sin acceso a protección jurídica.
“Lo que empieza en línea no se queda ahí. Los abusos digitales se extienden a la vida real, siembran miedo, silencian voces y, en el peor de los casos, conducen a la violencia física y al femicidio”, manifestó la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous.
Hasta 2025, 117 países informaban de iniciativas encaminadas a combatir la violencia digital, pero los esfuerzos siguen siendo fragmentados para un desafío de naturaleza transnacional.
