DENUNCIARON A MICHETTI Y ALONSO POR SUPUESTO “TRÁFICO DE INFLUENCIAS”

La exvicepresidenta le pidió a la titular de la Oficina Anticorrupción que no avance en una investigación contra una persona que trabajaba para ella.

La exvicepresidenta Gabriela Michetti y la extitular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso fueron denunciadas este miércoles por supuesto “tráfico de influencias” en los tribunales federales de Retiro a raíz de los mensajes en los que se aludió a la situación de un denunciado por ese organismo.

La denuncia por el delito de tráfico de influencias fue realizada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y recayó en el juzgado federal N° 6, a cargo.

En paralelo, la Oficina Anticorrupción, que encabeza Félix Crous, inició un relevamiento de información en relación a los audios revelados.



En la presentación se consignó que el día 14 de febrero se filtraron audios de hace ya algunos años, en los cuales Michetti, quien en ese entonces cumplía sus funciones de Vicepresidenta de la Nación, le solicita a Alonso, que era titular del cargo de Directora de la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Nación Argentina, más conocida como “Oficina Anticorrupción”, que cese las investigaciones llevadas a cabo contra un amigo.

En la presentación se alude a un posible delito cometido en el marco del artículo 256 BIS del Código Penal, segundo párrafo, que dispone pena para quien “por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”.

En su segundo párrafo prevé que “si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años”.



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