El Máximo Tribunal ordenó a Nación, provincias y municipios aplicar el plan de protección del Delta y reforzar sistemas de alerta y control del fuego luego de años de incendios que llevaron humo y cenizas a San Nicolás y a buena parte de la región.
De la Redacción de EL NORTE
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En una resolución largamente esperada por las comunidades ribereñas, y especialmente por ciudades como San Nicolás, que durante años padecieron el avance del humo proveniente de las islas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió una sentencia que alcanza al Estado nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria por la persistente quema de pastizales en el Delta del Paraná. El máximo tribunal ordenó la implementación efectiva del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS-DP), un acuerdo firmado en 2008 que nunca logró convertirse en un sistema real de prevención y control.
La decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, surge tras la demanda presentada en 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente. Fue justamente ese año, en plena pandemia, cuando el fenómeno de las quemas alcanzó niveles que quedaron grabados en la memoria colectiva. Columnas densas de humo, olor a materia vegetal incendiada, cenizas en suspensión y una atmósfera irrespirable avanzaron durante semanas hacia las ciudades de la región. San Nicolás sufrió jornadas completas con fuerte presencia de humo y un impacto sanitario que se sumó a la emergencia por COVID-19.
La Corte remarcó que la mayoría de los incendios se originan en jurisdicción de Victoria (Entre Ríos), aunque aclaró que la responsabilidad es compartida porque Nación, provincias y municipios no avanzaron con las políticas preventivas que ellos mismos habían acordado. Frente a ese cuadro, el Tribunal resolvió ordenar a todos los demandados la ejecución inmediata del PIECAS-DP. También instruyó a instalar equipamiento e infraestructura para generar mecanismos de alerta temprana, poner en marcha la Red de Faros de Conservación y aplicar planes sistemáticos de control y de manejo del fuego en el Delta. Se trata de una orden directa que busca terminar con años de dilaciones y responsabilidades cruzadas.
Para la provincia de Buenos Aires y para ciudades ribereñas como San Nicolás, esta sentencia tiene un peso especial. Aunque los incendios suelen producirse en territorio entrerriano, los efectos se sienten con fuerza en la margen bonaerense. Rutas afectadas por la baja visibilidad, deterioro de la calidad del aire, molestias respiratorias en la población y capas de hollín sobre veredas, autos y viviendas fueron parte de una situación repetida que empeoró en 2020. Como publicó EL NORTE en distintas coberturas de aquellos meses críticos, la ciudad llegó a verse envuelta en una nube espesa que obligaba a cerrar ventanas y restringir las pocas actividades al aire libre que permitía el confinamiento por COVID-19.
Articulación y supervisión
Los jueces explicaron que el monitoreo y la ejecución del PIECAS-DP no dependen del Poder Judicial, sino de las autoridades políticas. El fallo aclara que la articulación entre las jurisdicciones debe ser constante y efectiva, y que el objetivo es prevenir la ocurrencia de nuevos incendios en las islas y mitigar sus consecuencias. La Corte supervisará el cumplimiento de lo ordenado, aunque no intervendrá en la gestión cotidiana de las políticas ambientales.
La resolución genera un punto de inflexión. Reconoce el daño acumulado durante años en miles de habitantes de la región y obliga a los gobiernos involucrados a tomar medidas concretas. Para San Nicolás y para toda la zona del Delta, representa una oportunidad para que este valioso ecosistema deje de ser un territorio abandonado a su suerte y vuelva a ser un espacio cuidado, productivo y protegido. La responsabilidad de que las quemas no regresen queda ahora en manos de quienes deben ejecutar las políticas que durante demasiado tiempo quedaron en el papel.
