El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral que mantiene en vilo a los trabajadores en general. En ese sentido, el abogado laboralista Ignacio Mateucci explicó cómo debería implementarse dicho proyecto para que sea un beneficio tanto para el empleado como para el empleador.
De la Redacción de EL NORTE
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Mientras continúa con las negociaciones por el Presupuesto 2026, el Gobierno ya tiene los borradores de las reformas laboral y educativa que enviará en los próximos días al Congreso y que espera aprobar durante las sesiones extraordinarias a las que convocará para el verano.
Las dos medidas están siendo analizadas por los integrantes del Consejo de Mayo, que ya tienen en sus manos versiones avanzadas de los proyectos y están acordando los últimos detalles entre ellos antes de volverse a reunir.
Si bien recientemente circularon algunas versiones de lo que sería la reforma laboral —una de ellas es una antigua iniciativa de la legisladora libertaria Romina Diez que no se va a utilizar—, todavía no hay un texto consensuado. Sin embargo, ya hay un borrador avanzado sobre el cual Sturzenegger está trabajando junto con el resto de los miembros del Consejo.
“Tenemos la base, estamos compartiendo entre nosotros diferentes versiones de cada tema, pero no se pueden difundir, aunque algunas ya se filtraron”, lamentó uno de los referentes del grupo al medio Infobae.
En el mismo, estaban tomando forma distintas medidas, como transformar algunos aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), los regímenes especiales y los procedimientos judiciales. La idea es modernizar los criterios de registración, organización de la jornada, vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad, indemnizaciones y regulación de actividades consideradas esenciales, entre otros puntos.
Qué esperar de la reforma
Ante tanta incertidumbre y circulación de versiones respecto de lo que se podría llegar a aprobar en el Congreso, EL NORTE consultó al abogado laboralista Ignacio Mateucci, quien explicó cómo debería implementarse para que se logre un beneficio para los empleados y los empleadores.
“Hay una gran incertidumbre por este proyecto. Hoy están en etapa de elaboración, interviniendo los legisladores, que son quienes van a aprobar o no el proyecto; los gremios, que son quienes van a defender la postura de los trabajadores; las empresas; y el Gobierno, que quiere darle mucha celeridad, aprovechando el envión de las elecciones”, manifestó Mateucci.
“Creo que todos pueden ganar. Así como está el sistema no funciona; la mitad de los trabajadores están en negro, siendo esto lo más cruel que hay. Vos pensá que es un trabajador sin obra social, sin aseguradora de riesgo de trabajo y sin aporte jubilatorio; es básicamente como estar en la esclavitud”, agregó.
“Por otro lado, las empresas, principalmente las más chicas, no pueden sostener un empleado en blanco porque les implica casi un 50% de costo adicional al sueldo. Y algo no menor, el Estado argentino tiene un problema con la caja de jubilaciones. Entonces, si se trabaja en bajar las cargas sociales y fomentar el blanqueo de los trabajadores, va a traer un beneficio al Gobierno para aumentar la caja de jubilaciones que hoy está en riesgo”, sostuvo el abogado laboralista nicoleño.
“Si las tres patas pueden trabajar en conjunto, sería ideal. Reformas laborales intentaron hacer todos los gobiernos, desde Menem, De la Rúa, Kirchner, Macri; pero eran parches. Si esta vez se hace algo profundo, serio, adaptándolo a las nuevas formas de trabajo, claramente no es lo mismo una persona de hace 30 años, que su único objetivo era entrar a una empresa y jubilarse ahí, que los jóvenes de hoy que tienen otras ambiciones”, enfatizó.
Indemnización UOCRA
Algo de lo que se dejó entrever como posible cambio del proyecto impulsado por el Gobierno de Milei es una indemnización al estilo Uocra. “Es un adicional que el empleador va abonando todos los meses del 12% el primer año y 8% el resto de los años que trabaje ese empleado en relación con su sueldo. Estando en blanco, si el trabajador se va o lo despiden, cobra esa suma de dinero que se generó por cantidad de años”, detalló Mateucci.
“Esto evita cualquier tipo de juicios y simplifica el cobro de la indemnización. La realidad es que no corre para el trabajo informal, y lo que cuestionan ahí los empleadores es que, si tienen que aportar el 12% el primer año, es la indemnización, es un mes de sueldo por año de antigüedad, es lo mismo”, agregó.
Respecto de los juicios laborales, afirmó que es mentira que una empresa se funde por un juicio laboral. “Hay una falsa creencia con respecto a los juicios laborales; ninguna empresa se fundió por eso. Sí es necesario castigar fuertemente el trabajo en negro por todo lo que hablamos anteriormente, y los tribunales están abarrotados de juicios. Entonces, si un juicio tarda dos, tres, cuatro o los años que sean, también el trabajador termina perdiendo. Hay que tratar de ajustar las tres patas y todos pueden beneficiarse”, concluyó Mateucci.
