El juez federal Adrián González Charvay dictó el procesamiento del exministro bonaerense por presunto lavado de activos y ordenó un embargo por $350.000.000. También fue procesado el exfuncionario Facundo Asensio.
El Juzgado Federal de Campana procesó al exministro bonaerense Jorge Alberto D’Onofrio por presunto lavado de activos de origen ilícito en el marco de la investigación por irregularidades en el sistema de multas de tránsito y la VTV. La resolución, dictada por el juez Adrián González Charvay, dispuso además un embargo por $350.000.000 sobre el exfuncionario, quien continuará en libertad. La misma medida alcanzó al exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio, con un embargo de $300.000.000.
El procesamiento de D’Onofrio fue agravado por su condición de funcionario público al momento de los hechos. En el caso de Asensio, esa circunstancia no se aplicó por no haberse acreditado un vínculo directo entre su función y la maniobra investigada. Ambos imputados mantienen la inhibición general de bienes que había sido decretada el 20 de marzo de 2025.
La causa se inició el 5 de septiembre de 2024 a partir de una denuncia que señalaba que D’Onofrio integraba, junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, “una estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funciones y claro establecimiento de jerarquías”, cuyo objetivo habría sido sustraer fondos del sistema de multas de tránsito para luego adquirir bienes bajo apariencia lícita.
El expediente analizó la adquisición de una camioneta Audi Q8, registrada a nombre de Asensio el 19 de octubre de 2023 por un valor declarado de $30.000.000. La cobertura del seguro del vehículo, sin embargo, ascendía a $173.800.000. Según la investigación, el uso, dominio y disposición del rodado correspondían en realidad a D’Onofrio, quien figuraba como autorizado a conducir y abonaba el Telepase asociado.
La operación incluyó un contrato entre Asensio y la firma Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A. por la suma de $30.000.000. La sociedad, cuyos accionistas son los padres de Asensio, no registra actividad económica ni domicilio operativo comprobado. La resolución señaló que la diferencia entre el valor asegurado y el precio declarado, sumada al contrato sin respaldo económico verificable, constituía un indicio de maniobra destinada a ocultar el origen de los fondos y la verdadera titularidad del vehículo.
El rodado fue transferido luego a un tercero, Sebastián Eduardo Berterretche, el 12 de noviembre de 2024, día en que la Cámara Federal de San Martín confirmó la competencia del juzgado para intervenir en el caso.
Al declarar, D’Onofrio negó haber sido propietario de la camioneta. “Una vez que vinieron a comer a casa y salí a probarla, nada más”, afirmó. Luego reconoció que Asensio le otorgó la cédula azul del vehículo y explicó el pago del Telepase al señalar: “Como a mí me quedaba mucho más cerca que a él la estación de Autopistas del Sol donde se entregaba el TAG, pase yo a retirarlo, lo pagué con mi tarjeta de débito, pero tiene que ver con esa familiaridad que tenemos con Facundo”.
Por su parte, Asensio sostuvo haber adquirido la camioneta con fondos provenientes de la venta de un terreno de la sociedad familiar y admitió haber entregado la cédula azul al exministro.
El juez consideró que ambas versiones resultaron inconsistentes y no se correspondían con la prueba reunida. El fallo concluyó que Asensio actuó como “interpuesto registral”, configurando un esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos.
D’Onofrio renunció al Ministerio de Transporte el 30 de diciembre por “motivos personales”, en medio del avance de esta causa y otra investigación por corrupción en el sistema de fotomultas y la VTV, donde fue imputado por fraude a la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
