El informe señala que incluso entre los empleados formales persisten privaciones: un 7% enfrenta dificultades severas o moderadas para acceder a alimentos por motivos económicos.
La Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió que uno de cada seis trabajadores asalariados del país atraviesa inseguridad alimentaria, un problema que alcanza al 15% del sector, según datos relevados por la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) en el período 2022-2024. El informe revela además que ni siquiera la inserción formal garantiza el acceso pleno a una alimentación adecuada, ya que el 7% de los asalariados registrados también presenta privaciones alimentarias.
La investigación, presentada en el marco del Día Mundial de la Alimentación, muestra que la precariedad laboral aumenta de manera directa la vulnerabilidad alimentaria. Los asalariados sin aportes exhiben los niveles más altos de privación: hasta un 38,6% sufre inseguridad alimentaria total, de acuerdo con los indicadores construidos por el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Estas brechas, advierte el estudio, reflejan desigualdades estructurales del mercado de trabajo argentino que trascienden el mero acceso a un empleo.
Diferencias por edad, género y territorio
Las desigualdades demográficas también inciden. La inseguridad alimentaria es mayor entre jóvenes de 18 a 34 años, donde alcanza el 17,1%, y muestra valores más elevados en mujeres. A nivel territorial, el Conurbano bonaerense presenta las cifras más críticas, mientras que la Ciudad de Buenos Aires exhibe el nivel más bajo, con apenas 5,9% entre asalariados con aportes. Estas variaciones sugieren la influencia del desarrollo económico regional y del acceso desigual a ingresos y protección social.
Educación, ingresos y pobreza: factores determinantes
El informe confirma que a menor nivel educativo, mayor es la probabilidad de sufrir privaciones alimentarias. Entre quienes no completaron la secundaria, la inseguridad alimentaria llega al 34%, frente al 4,6% de quienes cuentan con estudios universitarios completos o incompletos. La variable económica marca aún más la desigualdad: en hogares pobres, la incidencia asciende al 38,6%, mientras que entre los no pobres se reduce al 6,9%.
Condiciones laborales: subempleo, informalidad y sindicato como variables clave
La precariedad laboral profundiza las brechas. Los trabajadores del sector informal y quienes se encuentran subocupados presentan niveles de inseguridad alimentaria significativamente mayores que aquellos con empleo pleno. Por el contrario, el informe destaca que la afiliación sindical se asocia a mejores indicadores de seguridad alimentaria, probablemente por las mejores condiciones laborales y de acceso a derechos que suelen garantizar los convenios colectivos.
Finalmente, el Observatorio de la UCA subraya que enfrentar este fenómeno exige políticas públicas que integren empleo, ingresos y protección social, con la participación coordinada de academia, sindicatos y organizaciones del tercer sector. La alimentación adecuada forma parte de las condiciones de trabajo dignas, impacta en la productividad y constituye un derecho humano que debe ser garantizado de manera integral.
