La decisión del gobierno municipal de Ramallo de eliminar las horas extras en el Hospital José María Gomendio encendió un fuerte malestar entre enfermeros, médicos y trabajadores del sistema de salud. La medida, adoptada en medio de una crisis financiera que se agrava día a día, deja al descubierto la fragilidad de un modelo de gestión que, bajo la conducción del intendente Mauro Poletti, no logra garantizar condiciones mínimas para sostener la atención sanitaria en el distrito.
Los trabajadores del hospital advierten que el recorte es mucho más que una disputa salarial: implica menos guardias, menos profesionales disponibles y una reducción directa de las prestaciones esenciales.
Con sueldos que ya estaban muy por debajo de la canasta básica de alimentos, el fin de las horas extras terminó de quebrar la ecuación económica de quienes sostienen la atención diaria. Para muchos, era el único modo de complementar salarios que se han vuelto insuficientes para cubrir necesidades básicas.
Uno de los efectos más graves del ajuste es el creciente éxodo de profesionales. En los últimos meses, médicos, enfermeros, técnicos y administrativos optaron por irse a distritos vecinos, donde los sueldos son significativamente más altos y las condiciones laborales ofrecen mayor estabilidad. Cada renuncia implica una guardia menos cubierta, una especialidad que se pierde, un servicio que queda al límite del cierre.
La falta de pediatras, especialistas clínicos, cirujanos y personal de enfermería ya empieza a sentirse en la calidad de la atención del Hospital Gomendio y de las unidades sanitarias del distrito. Las demoras se multiplican y muchos vecinos deben viajar a otras ciudades para recibir prestaciones que antes se brindaban en Ramallo.
El ajuste en salud no es un hecho aislado, sino parte de una crisis financiera que afecta a todas las áreas municipales. El municipio acumula deudas de hasta ocho meses con proveedores, ha paralizado obras públicas, frenó el recambio de luminarias y suspendió servicios esenciales por falta de insumos y mantenimiento del parque automotor. Las ambulancias, por ejemplo, no cuentan con el servicio de reparación garantizado porque varios talleres ya no aceptan trabajos ante la falta de pago.
Mientras tanto, las áreas administrativas denuncian recortes de personal, suspensión de contratos, cierre de cooperativas de trabajo y cancelación de horas extras en reparticiones que ya venían trabajando al límite.
Desde el Ejecutivo argumentan una caída en la recaudación por litigios con grandes empresas, pero los trabajadores señalan que el problema de fondo es el desmanejo de recursos y un nivel de gasto desordenado que se mantuvo pese a las alertas. El resultado es un ajuste improvisado que golpea, especialmente, a los sectores más sensibles como la salud pública.
