En diálogo con EL NORTE, exintegrantes del programa de patrulla preventiva aseguran que la cooperativa que los contrataba no coincide con las fechas ni condiciones informadas oficialmente y plantean irregularidades en su organización, su domicilio declarado y su manejo económico.
De la redacción de EL NORTE
Un grupo de exempleados de la patrulla preventiva municipal volvió a exponer cuestionamientos sobre el funcionamiento de la cooperativa a través de la cual prestaban servicios. Según relataron a EL NORTE, la estructura contractual no coincide con las fechas oficiales de inicio de actividades. A su vez, denunciaron que la misma presenta inconsistencias que, a su entender, agravan la situación de precariedad que denuncian desde hace semanas. También afirman que persisten demoras salariales, falta de respuestas institucionales del gobierno de Mauro Poletti y una situación de desamparo tras haber sido apartados de sus funciones.
Fechas inconsistentes y estructura cuestionada
Los trabajadores señalaron que la cooperativa afirma haber estado activa antes de la creación de los puestos de monitoreo y patrullas preventivas. Sin embargo, uno de los exempleados —según su propio testimonio— presentó un contrato directo con el municipio fechado en abril de 2023, mientras que la inscripción formal de la cooperativa figura el 23 de mayo de 2023. Aseguran que esa diferencia temporal muestra que “la cooperativa no existía cuando empezamos a trabajar”.
También indicaron que la figura jurídica corresponde a una cooperativa de obras públicas, que agrupa tareas como barrido, limpieza, mantenimiento, monitoreo y patrullas preventivas. Los exempleados consideran esto “impropio” para funciones vinculadas a seguridad. Según explicaron, allí se registran “alrededor de 120 supuestos asociados”, aunque advirtieron que desconocen el rol real de una parte de ellos.
Dudas sobre el domicilio y la administración
Los denunciantes afirmaron que la cooperativa declara domicilio en Mitre 689, donde funciona el Centro de Formación Profesional Nº 401. Sostienen que no existe allí ninguna oficina vinculada a la cooperativa y que los telegramas enviados por exempleados “no tuvieron respuesta”. Esto, dicen, les impide realizar trámites formales o reclamar mediante canales administrativos.
Respecto del manejo contable, mencionaron a una profesional identificada oficialmente como responsable administrativa. Sin embargo, remarcaron que “no saben dónde funciona realmente la cooperativa ni cómo se gestionan los fondos”.
Cuestionamientos al manejo económico
Los exempleados también mencionaron al actual secretario interino de Gobierno, Claudio Gentile. A él le atribuyen demoras en el pago de horas extras, de proveedores y de los montos correspondientes a la cooperativa. Aseguran que esas demoras habrían sido “intencionales” y que afectaron de manera directa el cobro de los trabajadores.
En sus declaraciones, señalaron además que la cooperativa funciona bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas debido a su figura legal, lo que —según su posición— “no se condice con las tareas de seguridad que realizaban”. También afirmaron que algunos móviles habrían sido devueltos “de manera encubierta” y que existirían deudas vinculadas al alquiler de vehículos utilizados en patrullaje.
Acusaciones sobre precarización y falta de respuestas
Los exempleados describieron un panorama de precarización sostenida: ausencia de seguro, pagos irregulares, falta de aportes y un esquema laboral que consideran “inestable e informal”. Plantearon que, tras los reclamos salariales de octubre, la respuesta habría sido su apartamiento de las funciones y la interrupción de la comunicación oficial.
Según expresaron, los despidos “no figuran como tales”, dado que —según relatan— no recibieron notificación formal de la ruptura contractual ni directivas precisas sobre cómo continuar los trámites laborales. También afirmaron que aún se registran demoras salariales y que desde el gobierno de Poletti “nadie se hace cargo” de responder sus presentaciones.
Un conflicto sin canal institucional
Los trabajadores insistieron en que no encuentran instancias donde presentar reclamos o recibir información oficial. Señalaron que el municipio “mantiene silencio” y que la cooperativa tampoco ofrece respuestas. En ese contexto, expresaron que sienten que la estrategia es “cansarlos para que abandonen el reclamo”, y reiteraron que continuarán pidiendo una explicación institucional sobre su situación laboral.
