El acuerdo entre la Municipalidad de Ramallo y Fiplasto permitirá ampliar el Banco de Tierras y dar respuesta a la demanda habitacional, aunque la oposición exige garantizar transparencia y cumplir la ordenanza “Mi Primer Lote”.
El reciente acuerdo firmado entre la Municipalidad de Ramallo y la empresa Fiplasto, que incluye la cesión de terrenos al municipio para conformar un nuevo banco de tierras, generó expectativas en la comunidad, pero también despertó preocupación en sectores de la oposición. Desde distintos bloques advierten que es necesario garantizar criterios claros y transparentes en la adjudicación de los lotes, en el marco de las ordenanzas vigentes, particularmente la denominada “Mi Primer Lote”, aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante en 2024.
El convenio con Fiplasto implica la incorporación de nuevas hectáreas al Banco de Tierras municipal, con el objetivo de proyectar la expansión urbana y mejorar la conectividad entre los distintos sectores de la ciudad. La iniciativa es vista como una oportunidad histórica para atender la creciente demanda habitacional del distrito, que hoy supera las mil familias inscriptas en el registro de postulantes.
Sin embargo, desde la oposición remarcan que el proceso de adjudicación debe respetar la normativa vigente. “La ordenanza de Mi Primer Lote está citada dentro del convenio, por lo tanto, debe cumplirse al pie de la letra. Es la manera más justa y transparente de garantizar igualdad de oportunidades para todos los vecinos”, remarcaron.
El programa “Mi Primer Lote” establece una segmentación por grupos sociales, priorizando a adultos mayores sin vivienda, familias con personas con discapacidad, madres solas con hijos a cargo y sectores de menores recursos. También prevé un sistema de sorteo público para asignar los lotes y una escala de pago diferenciada según la capacidad económica de cada familia.
“La idea es apelar a la transparencia. Hay muchos vecinos que alquilan y se les hace cada vez más difícil sostenerlo. Esta es una posibilidad real de acceder a un terreno propio, pero debe respetarse la norma”, afirmaron. La ordenanza también contempla la posibilidad de que los fondos recaudados por la venta de lotes se destinen a la compra de nuevas tierras en otras localidades del distrito.
Para los concejales de la oposición, el desafío no solo pasa por ejecutar correctamente el convenio, sino también por institucionalizar el Banco de Tierras como una política pública sostenida en el tiempo. “Esta oportunidad no puede quedar librada a la discrecionalidad de ningún gobierno. Hay que trabajar con seriedad, cumpliendo con las reglas que garantizan equidad y transparencia”, remarcaron desde el bloque.
Mientras tanto, el Ejecutivo deberá avanzar con la subdivisión, el trazado de los servicios y la inscripción dominial de los terrenos, pasos previos a la puesta en marcha del proceso de adjudicación.
